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Dos exgerentes de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que se encontraban detenidos desde febrero de 2020, fueron condenados a cinco años de prisión por filtrar "información sensible" y "confidencial" sobre la industria a Estados Unidos, indicó ayer la fiscalía del país caribeño.

A través de un comunicado del despacho del fiscal general, Tarek Saab, se anunció que los exdirectivos de PDVSA Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos fueron sentenciados "a cumplir una pena de cinco años de prisión" por el delito de "divulgación, reserva o suministro de información".

"Dichos funcionarios fugaron información sensible y confidencial de la industria petrolera, lo cual trajo como consecuencia la imposición de sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos", prosiguió la Fiscalía en el documento.

Detenidos hace un año

Torrealba y Chirinos, exgerentes de operaciones de crudos y de operaciones especiales, respectivamente, fueron detenidos el 28 de febrero de 2020 en el marco de un plan gubernamental para reflotar las operaciones de PDVSA, que, de acuerdo con cifras de la OPEP, bombeaba en agosto pasado apenas 339.000 barriles de crudo diario.

Entonces, la Comisión Alí Rodríguez Araque, que adelanta la reestructuración de la industria petrolera venezolana, informó en un comunicado que los exdirectivos fueron detenidos por presuntamente espiar para Estados Unidos y entregar a ese país "información estratégica, sensible y de carácter confidencial" de la empresa.

La Fiscalía venezolana dijo este viernes que las acusaciones se comprobaron en un juicio que tuvo siete audiencias orales y públicas, en las que se presentaron veintiún pruebas de testigos y expertos.

Washington ha impuesto sanciones contra Venezuela y PDVSA para intentar forzar la salida del presidente chavista Nicolás Maduro, bajo cuyo gobierno el país con las mayores reservas de crudo del mundo cayó en la peor crisis de su historia reciente, sumando siete años continuos de recesión y galopante inflación.

Las sanciones estadounidenses incluyen una prohibición a ciudadanos y empresas estadounidenses de negociar con crudo venezolano vigente desde abril de 2019.

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