Este lunes, la Junta Directiva del Congreso guatemalteco concretó la suspensión del trámite del Presupuesto 2021 por el principal motivo de las protestas ciudadanas del sábado y domingo último

23 de noviembre de 2020, 19:10 PM
23 de noviembre de 2020, 19:10 PM

El Congreso de Guatemala suspendió la aprobación del presupuesto del país para 2021, que había generado protestas y cuyas manifestantes incendiaron la sede del Parlamento y pidieron la renuncia del presidente conservador Alejandro Giammattei, por no priorizar la lucha contra la pobreza.

“Con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del Organismo Legislativo 2021”, informó el presidente del Parlamento, el oficialista Allan Rodríguez, en un mensaje a la nación.

El Congreso, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines a Giammattei, aprobó el martes pasado un presupuesto récord para 2021, propuesto por el Ejecutivo, de casi 12.800 millones de dólares.

Varios sectores de la ciudadanía reclamaron porque el presupuesto no priorizaba el combate a la pobreza, que afecta al 59,3% de los casi 17 millones de habitantes, según cifras oficiales, y dejaba de lado la educación y la salud, en momentos en que la pandemia deja más de 4.000 muertos y casi 120.000 contagios en el país.

Sin embargo, privilegió el desarrollo de infraestructura, beneficio que recae en las firmas constructoras.

Con esta suspensión, ahora los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto, según la ley. De lo contrario, seguirá vigente el que regía este año, por unos 10.390 millones de dólares.

El vicepresidente del país, Guillermo Castillo, que el viernes ofreció a Giammattei dimitir juntos “por el bien del país”, pidió el domingo al Ministerio Público que investigue tanto la quema de oficinas del Congreso como el accionar de la policía frente a los manifestantes.

El país, donde se suceden las denuncias por corrupción así como demoras en la designación de jueces, ya vivió en 2015 la renuncia del presidente Otto Pérez por un caso de fraude aduanero.

La indignación social de estos días responde también a la opacidad con la que se han manejado los recursos destinados a la pandemia de coronavirus, así como el rechazo que despierta la creación de un superministerio dirigido por una persona cercana al mandatario.

El Congreso había aprobado préstamos por más de 3.800 millones de dólares para atender la pandemia, pero apenas un 15% de esos recursos llegó a los guatemaltecos, según datos oficiales y de oenegés fiscalizadoras.

El manejo de la crisis sanitaria por parte de Giammattei, un médico de 64 años, ha sido criticado por su propio vicepresidente, la oposición y sectores sociales, que denuncian carencias en los hospitales y deficiencias para atender a los sectores más afectados por los confinamientos.