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La Corte Penal Internacional (CPI) abrirá una investigación formal contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante la represión de manifestaciones antigubernamentales en 2017, informaron el fiscal de ese organismo, Karim Khan, y el presidente del país, Nicolás Maduro.

La CPI abrió un examen preliminar en 2018, que Khan, de visita en Caracas, decidió pasar a la siguiente fase.

"Les pido a todos, a medida que entramos en esta nueva etapa, que den a mi oficina el espacio para hacer su trabajo", comentó el fiscal en un encuentro con Maduro en el palacio presidencial de Miraflores.

"Después de esta evaluación y este debate, el fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar la verdad. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos", indicó el mandatario socialista.

Ambos firmaron en el palacio presidencial de Miraflores un acuerdo de colaboración.

Khan, quien llegó el domingo a Venezuela para una visita de tres días, saludó el "diálogo constructivo" en las reuniones que sostuvo con Maduro, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, el fiscal general, Tarek William Saab y representantes de la Corte Suprema.

"Estoy plenamente consciente de las fallas que existen en Venezuela, la división política que existe. No somos políticos, nos guiamos por el principio de legalidad y el Estado de derecho", insistió el funcionario de la CPI.

La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), abrió la investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la contención de protestas contra el Gobierno de Maduro un año antes, en las que murieron unas 100 personas.

La antecesora de Khan, Fatou Bensouda, dijo que existía "base razonable" para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad y habló de una "inacción" de las autoridades de Venezuela para investigarlos.

"Hay diferencias de criterio sobre lo que sucedió en el llamado examen preliminar", fustigó Maduro. "Hemos sido francos y directos en afirmar que la llamada fase de examen preliminar no le permitió al Estado venezolano conocer la documentación y el contenido que se evaluaba".

La justicia venezolana ha imputado y condenado a unos 150 efectivos policiales y militares por violaciones de derechos humanos desde 2017, según el Ministerio Público. La oposición considera que estas acciones se tomaron únicamente evitar el proceso judicial internacional.

"Le puedo decir fiscal, que Venezuela garantiza la justicia", aseguró Maduro.

"Lucha por la justicia"

Khan, que tiene previsto volver a Venezuela en una fecha aún no definida, también dijo que se reunió con "organizaciones nacionales e internacionales" antes y durante su visita.

Sin embargo, en los días que estuvo en Venezuela, familiares de víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos pidieron en pequeñas protestas callejeras ser "escuchadas".

Este miércoles, una veintena de personas protestó frente a la sede del servicio de inteligencia, donde están recluidos opositores presos.

La agenda de Khan no contempló tampoco una reunión con el líder opositor Juan Guaidó, reconocido presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, aunque no por Naciones Unidas.

Guaidó celebró igual en Twitter la investigación: "Reivindica el derecho de obtener justicia que ha sido denegada en Venezuela para las víctimas y sus familiares".

"Ratificamos nuestra lucha por la justicia y nuestro compromiso en este sentido: colaborar con todas las investigaciones que contribuyan a la determinación de la verdad y al establecimiento de responsabilidades penales individuales en toda la cadena de mando", añadió.

Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG defensora de derechos humanos Provea, estimó que "la apertura de una investigación formal en (la) CPI ratifica que: Sí ocurrieron crímenes contra la humanidad y (...) no han sido investigados debidamente hasta ahora. Se derrumba la estrategia de simulación oficial promovida atropelladamente en las últimas semanas", según publicó en la misma red social.

La CPI tiene otro caso de Venezuela en etapa preliminar, interpuesto por el Gobierno de Maduro, que en febrero 2020 pidió a la Corte investigar como posibles crímenes de lesa humanidad las sanciones de Estados Unidos en su contra.

La institución aún debe decidir si abre un examen preliminar, al que podría seguirle una investigación formal.

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