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El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este miércoles que su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, asumirá el mando del Ministerio de Relaciones Exteriores, vacante desde hace una semana en medio de la condena internacional a la represión contra las protestas antigubernamentales. 

Durante un acto en la Casa de Nariño, sede del gobierno, Duque le pidió a la nueva canciller "reafirmar no solamente el talante democrático de nuestro país, sino también la convicción de ser siempre respetuosos de los derechos humanos".

Ramírez, quien seguirá ejerciendo como vicepresidenta, asumió en reemplazo de Claudia Blum, quien dejó el cargo el 11 de mayo en medio de denuncias de la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y oenegés internacionales sobre graves excesos cometidos por la policía en manifestaciones contra el gobierno, que dejan decenas de muertos en las últimas tres semanas.

"Este es un momento particularmente importante para Colombia en su agenda internacional", reconoció Ramírez, de 66 años y quien figuraba como posible candidata conservadora para las presidenciales de 2022.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos 42 personas han muerto durante las protestas. De momento, la Fiscalía ha determinado que 15 víctimas han fallecido por su participación en las movilizaciones e investiga otros 11 casos.  

La ONG Human Rights Watch asegura tener 55 "denuncias creíbles" sobre muertes "ocurridas desde que comenzaron las protestas", de las cuáles ha podido verificar 16 (15 manifestantes y un policía). 

En medio de la crisis, que detonó un ya retirado proyecto de ley para aumentar impuestos en plena pandemia, Duque aceptó las renuncias de su canciller y del ministro de Hacienda.

A pesar de que el gobierno archivó la propuesta tributaria, la violenta represión de las protestas por la fuerza pública avivó el descontento en el país de 50 millones de habitantes, donde la pandemia elevó la pobreza del 37% hasta el 42% de la población.

Las protestas persisten, sin una agenda o liderazgo definidos, pero con reclamos comunes como una reforma a la policía y un Estado más solidario que promueva una sociedad menos desigual.

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