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La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador analiza la creación de un registro de violadores, abusadores y agresores sexuales de niños en el país a fin de que, una vez que hayan cumplido su sentencia, no puedan volver a trabajar en ámbitos donde se encuentren menores de edad.

Impulsora de la propuesta, la legisladora independiente Lourdes Cuesta dijo este lunes a Efe que espera que el proyecto se convierta en ley este mismo año pues el tema de abusos a menores en el país andino "es grave".

Basada en datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), comentó que "en Ecuador, uno de cada diez niños, sin distinción de sexo, ha sido abusado sexualmente", mediante prácticas como el acoso, tocamiento, violación.

"Lamentablemente no tenemos en el país información consolidada de todos los casos de abuso sexual. Entre el año 2014 y el 2018 se dieron 7.500 denuncias de abuso sexual a niños", añadió al citar datos de la Fiscalía y del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

La legisladora cree que ahora se presentan más denuncias porque la sociedad "está teniendo mayor conciencia y empatía" para, entre otros asuntos, no señalar a la víctima "pues muchas veces no se denuncia por vergüenza, por miedo a ser estigmatizados".

De acuerdo con datos de Unicef, "solamente el 15 por ciento de los casos son judicializados", añadió al reclamar una mayor cultura para que la gente no tenga miedo a denunciar.

Cuesta aclaró que, de aprobarse el proyecto de ley, el registro de abusadores tendrá restricciones de aplicación: "Estas personas podrán trabajar en cualquier ámbito, siempre que no sea directamente con niños", insistió.

La abogada Cuesta explicó que no solo buscan que la medida se aplique en el sistema educativo tradicional sino para "todo lo que tiene que ver con niños", como academias de baile, de deportes, atención a bares escolares, ser conserjes, chóferes de autobuses de transporte de niños, entre otros.

Incluso quien desee contratar una persona para cuidar a menores, tendrá "el absoluto derecho de pedirle el certificado de no encontrarse inhabilitada en cualquier ambiente que pueda trabajar con un niño o una niña", dijo.

Señaló que esta clase de legislaciones ya existen en otros países pues "lamentablemente, quienes cometen este tipo de delitos no se rehabilitan, por el contrario, reinciden".

Con base en datos de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Cuesta informó el pasado jueves durante el primer debate del proyecto en el pleno del Parlamento de un caso en el que la psicóloga del penal aseguraba que un reo, próximo a salir, "no estaba preparado" para hacerlo pues "seguía dibujando niños".

"Al salir, lo primero que hizo fue violar nuevamente a una niña, entonces, regresó a la cárcel", indicó al recordar que leyes como la que propugna rigen ya en Estados Unidos, Argentina, Nicaragua, El Salvador y Colombia.

El asunto -dijo- es empezar a trabajar en prevención y alejar a los exreos de ambientes cercanos a niños pues "cuando se encuentran privados de la libertad, estas personas se encuentran en una tensa calma porque están rodeados de adultos".

Aunque reconoce que muchas de las agresiones sexuales se dan en el ambiente familiar, aclara que el proyecto de ley se limita al área laboral, "pero es un primer paso para poder empezar a crear políticas y leyes alrededor de esta, que puedan empezar a trabajar en prevención".

"Lo ideal sería que un agresor sexual que es familiar del niño tampoco pudiera acercarse nuevamente al entorno del niño", señaló la legisladora.

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional analizará este lunes las observaciones realizadas en el pleno el pasado jueves y prevén tener listo el informe para un segundo debate este mismo mes.

El tema pasará luego al Ejecutivo para su ratificación o veto y Cuesta aspira que hasta septiembre se apruebe la ley pues "son temas que necesitan que se les dé la importancia y rapidez del caso, y hay un compromiso de la Asamblea (de) que este tipo de temas salgan lo antes posible".

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