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Ecuador enfrenta un estallido social, con paro y bloqueos, contra el gasolinazo impuesto por el presidente Lenín Moreno, siguiendo la polémica receta del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Frente a la grave crisis, el Gobierno ecuatoriano impuso el Estado de excepción para intentar aplacar la ira social que estalló en las calles, con duros choques con la Policía, tras el fin de subsidios a combustibles, lo que incrementó los precios un 123%.

Acosado por un alto endeudamiento y falta de liquidez en la dolarizada economía, el Gobierno de Moreno pactó un millonario programa de créditos con el organismo, que incluye el desmonte de esos subsidios.

El consecuente incremento de las tarifas del diésel y la gasolina, que empezó a golpear a los bolsillos de los ecuatorianos a partir de ayer, precipitó una huelga nacional de transportistas.

Miles de manifestantes se movilizaron en varias ciudades e incluso grupos ya exigen la salida de Moreno del poder en medio de enfrentamientos a piedra y bombas incendiarias con la Policía, que dejan 19 detenidos, según un balance provisional.

El mandatario endureció su respuesta y decretó la medida de excepción por 60 días para “evitar el caos”.

Sin embargo, en Quito, los manifestantes se mantuvieron en las calles en un abierto desafío al Gobierno, que quedó facultado para emplear la fuerza armada en el control del orden público, restringir el derecho a la movilización o imponer la censura previa a los medios.

“¡Que se vaya el viejo (Moreno)! Si ahora sube la gasolina, mañana será el gas (que mantiene el subsidio) que usamos todos. Eso no podemos permitir”, dijo a la AFP Luz Aguirre, una desempleada de 47 años.

Las protestas se tornaron violentas en la tarde. Con gases lacrimógenos y a la fuerza, la Policía desalojó a algunos de los grupos que reclamaban en cercanías de la sede de Gobierno. Varios periodistas locales fueron agredidos en medio de los choques.

El fantasma del derrocamiento

Sin un sólido apoyo en el Legislativo y las encuestas en contra, Moreno lidia con las primeras consecuencias del convenio que suscribió en marzo con el FMI para obtener créditos.

Los transportistas pararon en varios puntos y universitarios salieron a las calles en Quito en el marco de la mayor huelga en Ecuador desde la llegada de la izquierda al poder en 2007. Ayer también fueron suspendidas las clases en el país.

En la capital los autobuses y taxis dejaron de circular. Lo mismo sucedía en otras ciudades, en protesta por el aumento de los combustibles que eran los más baratos y más utilizados en Ecuador.

Ayer, el galón americano de diésel pasó de 1,03 dólares a 2,30 dólares y el de gasolina corriente, de 1,85 a 2,40 dólares, por lo que organizaciones de indígenas y sindicales también prevén protestar.

Inestabilidad

El malestar social evoca el pasado de inestabilidad en el pequeño país petrolero. Tres presidentes -dos de ellos que intentaron reajustes económicos- fueron derrocados entre 1996 y 2007, cuando Ecuador llegó a tener siete mandatarios.

Se trata de una dura prueba para el Gobierno de Moreno, que le achaca el deterioro de las finanzas públicas a su antecesor y exaliado, Rafael Correa (2007-2017).

Sin embargo, “esperaría que estas protestas no tengan la presión para que el Gobierno eche atrás las medidas. Esperemos que no porque sería una señal de debilidad enorme del Gobierno, que le implicaría mayores problemas que los que está intentando resolver”, dijo a la AFP el politólogo Santiago Basabe, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Los precios quedaron sujetos a los del mercado una vez que Moreno eliminó los subsidios, que demandaban unos 1.300 millones de dólares anuales. Hace un año ya liberó el de la gasolina premium, que ahora cuesta 3,15 dólares el galón.

La medida es parte de las reformas tributarias y laborales que el Ejecutivo impulsa en función del acuerdo con el FMI para conseguir créditos por 4.209 millones de dólares.

El sector del transporte demanda que se dejen sin efecto los aumentos o que haya compensaciones económicas.

Pasivos estatales

El ministro responsable de esa área, José Martínez, señaló que se analiza ajustar “levemente” los pasajes de autobuses provinciales, mientras que la revisión de las tarifas urbanas corresponde a los municipios.

Otros organismos multilaterales también entregarán 6.070 millones de dólares en préstamos a Ecuador, que por falta de liquidez ha emitido bonos de deuda por más de 10.000 millones de dólares.

Su pasivo externo trepó a 39.491 millones de dólares (36,2% del PIB) en julio, creciendo en casi 47% en el actual Gobierno.

LEGISLADORES AFINES A CORREA PIDEN ADELANTAMIENTO DE ELECCIONES PARA SALDAR LA GRAVE CRISIS POLÍTICA
Legisladores leales al ex presidente ecuatoriano Rafael Correa pidieron un adelanto de elecciones y una sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional (Parlamento) para exigir la destitución del mandatario del país, Lenín Moreno.

En una declaración a los medios, la asambleísta Gabriela Rivadeneira solicitó en nombre de la bancada denominada “Revolución Ciudadana”, que aglutina a diputados afines a Correa (2007-2017), la celebración de una sesión extraordinaria al presidente de la Asamblea, César Litardo.

En ella, Rivadeneira busca plantear la destitución del presidente Moreno, así como analizar la posibilidad de un adelanto electoral, cuando los próximos comicios presidenciales y legislativos están previstos para 2021.

El llamamiento se produce a raíz de las protestas secundadas ayer por transportistas, indígenas y otros colectivos sociales en rechazo a las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo, en particular el alza de las gasolinas, y que derivaron en duros choques en el casco histórico de Quito, y saqueos en Guayaquil.

Ante este bloqueo de vías y carreteras por piqueteros, el Gobierno de Moreno anunció el Estado de excepción que rige durante 60 días, según un decreto presidencial.