Escucha esta nota aquí

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, revocó el viernes las sanciones impuestas por su antecesor Donald Trump a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), instando a un vínculo más colaborativo con este tribunal tras un diferendo que lo alejó de sus aliados.

En una medida que enfureció a los socios europeos de Estados Unidos, el exsecretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, denunció el año pasado a la CPI como un "tribunal desautorizado", e impuso tanto sanciones financieras como una prohibición de visado a su principal fiscal, Fatou Bensouda. 

Pompeo tomó esas medidas después de que Bensouda iniciara una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por personal militar estadounidense en Afganistán. 

El tribunal con sede en La Haya irritó aún más a Estados Unidos al abrir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en los territorios palestinos cometidos por Israel, un aliado estadounidense que no reconoce la autoridad de la CPI.

El sucesor de Pompeo, Antony Blinken, dijo el viernes que Estados Unidos sigue "en total desacuerdo" con los pasos dados por la CPI en relación a Afganistán e Israel, pero consideró que las medidas del gobierno de Trump fueron "inapropiadas e ineficaces".

"Creemos, sin embargo, que nuestras preocupaciones sobre estos casos se abordarían mejor mediante la participación de todas las partes interesadas en el proceso de la CPI en lugar de mediante la imposición de sanciones", declaró Blinken en un comunicado.

Biden revocó un decreto de Trump sobre las sanciones impuestas en septiembre de 2020, que también levantó las medidas punitivas contra el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Fiscalía, Phakiso Mochochoko.

Además, el Departamento de Estado puso fin a varias restricciones de visado decididas en 2019 contra miembros del personal de la CPI.

La fiscal nacida en Gambia dejará su puesto en junio, cuando la reemplazará el abogado británico de derechos humanos Karim Khan.

Blinken destacó positivamente las reformas que está llevando a cabo la CPI, también objeto de escrutinio sobre algunos asuntos internos, incluidos los salarios de los jueces. 

Estados Unidos, que firmó pero no ratificó el Estatuto de Roma de 1998 que instauró la CPI, apoyó iniciativas judiciales internacionales específicas para responsabilizar a quienes cometieron crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, incluidos los casos en los Balcanes, Camboya y Ruanda.

"Nuestro apoyo al Estado de derecho, el acceso a la justicia y la posibilidad de que los responsables de atrocidades masivas rindan cuentas son importantes intereses de seguridad nacional para Estados Unidos", aseguró Blinken.

- "Restauración de los ideales estadounidenses" -

El jefe de la diplomacia estadounidense anunció el fin de las sanciones al personal de la CPI, días antes de que el gobierno tuviera que responder a una demanda contra el decreto de Trump presentada por Open Society Justice Initiative, un grupo que promueve los derechos humanos y la democracia. 

James Goldston, director ejecutivo de la iniciativa, saludó la decisión de Biden como una "restauración de los ideales estadounidenses". 

"Estados Unidos tiene una larga historia de uso de sanciones para castigar a los violadores de derechos humanos, pero nunca antes se utilizó esta herramienta para castigar a un tribunal independiente que busca justicia para las víctimas de atrocidades", dijo. 

La ONG de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch elogió a Biden por acabar con "este uso de sanciones sin precedentes y totalmente deformado" y por pasar la página al "asalto de Trump al Estado de derecho mundial". 

Trump, en sus últimas semanas en el cargo, indultó a tres soldados estadounidenses condenados por crímenes en las guerras en Afganistán e Irak. 

Según sus críticos, esto socavó el propio argumento del gobierno de Trump al sancionar a la CPI: que Estados Unidos tenía su propio poder judicial capaz de garantizar la rendición de cuentas.

Los gobiernos demócratas han apoyado más a la CPI, pero Estados Unidos sigue sin ser parte del Estatuto de Roma y la intensa oposición de los republicanos aleja las probabilidades de que lo integre.

El Congreso de Estados Unidos aprobó incluso en 2002 una ley que autorizaba el uso de fuerza militar para liberar a cualquier estadounidense en poder de la CPI, lo que teóricamente le otorga al presidente autoridad para invadir Holanda, un aliado en la OTAN.

Comentarios