El chavismo se moviliza contra la ley de amnistía
Militantes del partido gobernarte anunciaron que marcharán hacia el palacio presidencial para entregar firmas. Quieren evitar que se apruebe la amnistía
El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) anunció que el próximo jueves realizará una marcha hasta el palacio presidencial de Miraflores para entregar al jefe de Estado, Nicolás Maduro, una lista de firmas de quienes se niegan a que la Ley de Amnistía sea refrendada por el Ejecutivo.
"Vamos a marchar hasta el palacio de Miraflores para entregar las firmas (...), para sustentar la decisión que ha de tomar el presidente Nicolás Maduro sobre el tema de la ley de amnesia criminal, la Ley de Amnistía y reconciliación", dijo el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, en rueda de prensa.
El también parlamentario convocó "a todos los movimientos sociales, al Gran Polo Patriótico (alianza de partidos chavistas), a todos aquellos que de alguna manera sienten la necesidad que tiene este país de la paz".
Agregó que "no puede ser que la violación al estado de Derecho, la anarquía y la violencia se impongan sobre las leyes" y aseguró que la Ley de Amnistía, aprobada por la mayoría opositora del Parlamento el martes pasado, fue escrita por sectores que no quieren al país.
"Es un autoperdón de aquellos que destrozaron a este país y no asumen su responsabilidad", dijo Cabello al referirse a la norma.
Antecedentes
La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional fue aprobada con el voto en contra del chavismo pues, a su juicio, procura beneficiar a asesinos y terroristas entre los que figurarían, según esta bancada, el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel, entre otros.
Maduro anunció el viernes pasado que iniciará una consulta pública para saber qué hacer frente a esta ley, una norma que el mandatario ya ha asegurado que "jamás" aprobará.
Aunque Maduro no podría por si solo poner fin a la iniciativa legislativa, ya que según la Constitución venezolana podría ser aprobada por el Parlamento si el mandatario y el Legislativo no llegarán a un acuerdo, el jefe de Estado aún puede remitir el instrumento al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alegando inconstitucionalidad.
