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En las cadenas de suministro del oro que fluye desde Venezuela prevalecen todos los riesgos de impactos adversos, tales como abusos de los derechos humanos, financiamiento de conflictos o delitos financieros, estableció un reciente estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El análisis contrastó los flujos del oro venezolano con la Guía de Debida Diligencia para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo (abreviadamente, GDD), elaborada por la OCDE, la organización que reúne a 38 de las economías más avanzadas e industrializadas del globo.

Se considera “extremadamente difícil” estimar la producción de oro en Venezuela. Informes sobre su capacidad de procesamiento sugieren que podría llegar a 75 toneladas anuales, con un valor de mercado de 4.400 millones de dólares en 2021, y que la producción real actual está entre un tercio y la mitad de esa cantidad.

Los flujos de oro en Venezuela se pueden clasificar en dos grupos: centralizados y dispersos, siendo los primeros los que llevan el metal desde una miríada de operaciones mineras en el país hasta centros comerciales supervisados por el Gobierno, e incluyen las transferencias de oro del Banco Central, emisor y de reserva.

Esas transferencias, a entidades en Turquía, Irán, Emiratos Árabes Unidos y otras plazas, aunque legales, aguardan por diligencias para determinar si las condiciones de extracción y comercio se asocian con riesgos de abusos de derechos humanos, financiamiento de conflictos u otros delitos financieros, y con daños ambientales.

Los flujos dispersos son aquellos que salen del país desde las áreas mineras por varias otras rutas, y “se informa que las élites militares y políticas venezolanas, los grupos militantes colombianos y bandas nacionales son actores clave en ambas categorías de flujos de oro nacionales”, apuntó el informe.

El oro de los flujos dispersos que salen de Venezuela “parece ser lavado principalmente dentro de la región de América Latina y el Caribe, principalmente en uno o más centros de tránsito regionales clave”, aunque pueden extenderse por todo el mundo y con actores conectados en otros continentes.

Centros para ese lavado en la región se han identificado en Brasil, Colombia, Guyana, Panamá, República Dominicana y Suriname, y se han visto actores implicados en Europa, China, Estados Unidos y Oriente Medio.

Entre 2014 y 2018, recordó el reporte, unas 150 toneladas de oro viajaron a República Dominicana desde las islas holandesas de Aruba y Curazao, situadas a muy pocos kilómetros de las costas de Venezuela sobre el mar Caribe.

Según el informe “es evidente la participación de organizaciones delictivas transnacionales y grupos terroristas designados en la explotación de comunidades mineras, la extracción de oro y su blanqueo en la cadena de suministro legítima”.

Los riesgos vinculados con esos flujos “se extienden más allá de los abusos de los derechos humanos y la destrucción del medioambiente, e incluyen economías delictivas vinculadas con diversas formas de tráfico y blanqueo de capitales, así como con la financiación del terrorismo”.

El informe recoge investigaciones de prensa y de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos que dan cuenta de la participación de personas políticamente expuestas, en particular de la élite política y militar que dirige a Venezuela, como beneficiarias directas de la economía minera en el sur del país.

En paralelo actúan bandas criminales, algunas de las cuales se autodenominan sindicatos, y dos organizaciones guerrilleras colombianas, el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

La explotación aurífera y el flujo de oro al exterior crecieron desde que se nacionalizó esa industria en 2011 y, sobre todo, desde que en 2016 el Gobierno decretó una zona de 112.000 kilómetros cuadrados para la explotación de minerales a gran escala, el “Arco Minero del Orinoco”, inmediatamente al sur del gran río.

El espectro de riesgos que registra la GDD de la OCDE y que están presentes en los flujos de oro venezolano comienza con graves abusos de los derechos humanos asociados con la extracción, transporte o comercio de minerales, como las peores formas de trabajo infantil, trabajo forzoso, trato degradante y violencia sexual.

Luego, el apoyo directo o indirecto a grupos armados no estatales, como serían las guerrillas ELN y FARC disidentes, o los “sindicatos” delincuenciales.

La guía recuerda que el papel de las fuerzas de seguridad “debe ser únicamente mantener el Estado de derecho, incluida la protección de los derechos humanos y la seguridad de los trabajadores, el equipo y las instalaciones de las minas, o las rutas de transporte, contra la interferencia en la extracción y el comercio legítimos”.

También están los riesgos de soborno, corrupción y tergiversación fraudulenta del origen de los minerales.

La GDD incluso distingue entre la corrupción menor o abuso diario del poder por los funcionarios en lugares como las minas, y la gran corrupción, cuando un funcionario público causa al Estado una pérdida superior a 100 veces el ingreso mínimo anual de subsistencia de su pueblo, como resultado de algún delito de corrupción.

Luego está el blanqueo de capitales, “proceso mediante el cual los delincuentes disfrazan el origen ilegal del producto de una conducta delictiva, haciendo que parezca que procede de una fuente legítima”.

Y, finalmente, la evasión de tributos, pues según la guía, además de pagar impuestos, tarifas y regalías adeudados a los gobiernos, se espera que las entidades de la cadena minera divulguen los pagos de acuerdo con los principios establecidos en la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva.

La investigación concluye que “todo el oro que se origina en Venezuela debe considerarse de alto riesgo”, pues “simplemente no hay garantía disponible de que el oro que sale del país no se haya cruzado, en algún momento, con al menos uno de los riesgos”, contemplados en su guía.

Como en los flujos se involucran centros de tránsito regionales, así como distantes países de tránsito y mercados de destino, “cualquier enfoque para mitigar los riesgos debe incluir la coordinación regional e internacional entre los actores gubernamentales y de la industria”.

Esta consideración “se ve reforzada por la evidente participación de organizaciones delictivas transnacionales y grupos designados como terroristas en la explotación de comunidades mineras, la extracción de oro y su blanqueo en la cadena de suministro legítima”, subrayó el documento de la OCDE.

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