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Veinte años después de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos sigue librando su “guerra contra el terrorismo” en un terreno montañoso en el sudeste de Cuba conocido como Bahía de Guantánamo.

Pocos meses después de los ataques, Estados Unidos detuvo a cientos de personas con presuntos vínculos con el perpetrador de los atentados, Al Qaeda, y las trasladó a la base naval que controla en la isla caribeña.

Fueron etiquetados como “combatientes enemigos” y encerrados por tiempo indeterminado, hasta que, según dijo el entonces vicepresidente Dick Cheney, “termine la guerra contra el terrorismo”, que oficialmente todavía está en curso.

La mayoría de los 780 sospechosos que llegaron a estar encarcelados en celdas como jaulas han sido liberados, a menudo después de pasar más de una década en la base sin haber sido jamás acusados formalmente de algún delito.

Hoy permanecen en Guantánamo 39 detenidos. A algunos de ellos se les ha prometido una liberación que nunca llegó. Una docena son considerados por Washington como peligrosos dirigentes de Al Qaeda, incluido Jalid Sheij Mohammed, el supuesto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre.

Justicia ad hoc

Bajo la presidencia de Joe Biden, los procesos judiciales se reanudaron después de un retraso causado principalmente por la pandemia de covid-19.

El 7 de septiembre, tras una interrupción de 17 meses, se retomaron las audiencias previas al juicio de Mohammed y otras cuatro personas, cuatro días antes del vigésimo aniversario del ataque.

Pero no hay certeza de que se dicte un veredicto para los cinco antes del 21.° aniversario de los atentados, en 2022, o el vigésimo primero, en 2023.

El sistema de comisiones militares que supervisa a los 12 acusados de Al Qaeda ha demostrado ser caótico, difícil de manejar y, a menudo, contrario a la ley estadounidense, hasta el punto de que en 20 años solo dos han sido condenados.

Los problemas son tales que los otros 10 podrían pasar el resto de su vida en Guantánamo.

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