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Un grupo de estados estadounidenses demandó al gobierno de Donald Trump por su nueva reglamentación que busca negar la ciudadanía y la residencia permanente a inmigrantes que reciban ayudas sociales.

Los fiscales generales de California, Maine, Oregón, Pensilvania y el Distrito de Columbia presentaron la demanda en un tribunal federal en San Francisco indicando que la norma es inconstitucional y apunta de forma desproporcionada a inmigrantes no blancos. “Es obvio lo que este gobierno está haciendo: es artero más allá de las palabras y California no será parte de eso”, dijo el gobernador de ese estado, Gavin Newsom, en una conferencia de prensa en Sacramento.

La regla de la Casa Blanca anunciada el lunes, una redefinición de la ley de “carga pública”, afecta a los inmigrantes que reciben bonos para alimentos, atención médica pública y otras asistencias. Estos extranjeros, en su mayoría hispanos, ven ahora amenazadas sus esperanzas de conseguir la ciudadanía.

La demanda argumenta que la ley atenta contra personas marginadas, incluidos niños, ancianos y familias de bajos salarios.

“La regla fue motivada por un ánimo intencional basado en la raza y el origen contra individuos provenientes de lo que el presidente Trump ha denominado ‘países de mierda’”, afirma.

El término “carga pública” suele definir a quien depende principalmente del gobierno.

El nuevo criterio implica que 22 millones de residentes no ciudadanos de Estados Unidos que reciben subsidios no podrán obtener tarjetas de residencia o ciudadanía estadounidense.

“Esta cruel política obligará a padres y familias trabajadoras en todo el país a renunciar a necesidades básicas como alimentos, vivienda y atención médica por miedo”, dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, quien presentó la demanda.

Cierre de frontera

Estados Unidos cerró ayer, por unas dos horas, el puente internacional que conecta la ciudad texana de El Paso con la mexicana Ciudad Juárez, en Chihuahua, ante la presencia de un grupo de migrantes indocumentados, informó la policía de México.

Agentes de la Oficina de Migración y Aduanas (CBP) de Estados Unidos bloquearon en la madrugada el paso de automovilistas y también de peatones por el puente internacional Santa Fe, también llamado Paso del Norte, colocando alambre de púas. Medio centenar de migrantes mexicanos y de Centroamérica se presentaron en el cruce con la intención de cruzarlo, pero autoridades de Estados Unidos y México los convencieron de desistir mientras la CBP cerraba el paso fronterizo, reportó a la AFP un funcionario de la policía federal mexicana.

El cierre duró unas dos horas. Agentes de la CBP abrieron el puente tras cerciorarse de que los migrantes ya se habían retirado.

Visita de la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que conducirá una visita a la frontera de Estados Unidos con México desde mañana hasta el 23 de agosto para monitorear el acceso al asilo y las condiciones de detención de los migrantes, entre otros temas.

“El objetivo de la visita es monitorear la situación de los derechos humanos con relación a las condiciones de recepción en la frontera, el acceso al asilo y a los procedimientos de protección y las condiciones de detención migratoria”, dijo la Comisión, un ente autónomo de la OEA.

La delegación de la CIDH, que visitará las ciudades de San Diego y Laredo, también analizará los procedimientos de migración y asilo, las garantías procesales, la protección judicial, “con un énfasis en los principios de la unidad familiar y el interés superior de la niñez”, dijo la Comisión.

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