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La justicia española condenó el viernes a 133 años y cuatro meses de cárcel al excoronel salvadoreño Inocente Montano por el asesinato de cinco jesuitas españoles en 1989, en una matanza con otras tres víctimas durante la guerra civil en El Salvador.

"Debemos condenar y condenamos a Inocente Orlando Montano Morales como responsable en concepto de autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista", dijo el portavoz del tribunal durante la lectura de la sentencia en la Audiencia Nacional de Madrid, en presencia del acusado.

Por cada uno de estos delitos, el tribunal estableció una pena de 26 años y ocho meses, lo que suma 133 años y cuatro meses. Sin embargo, el máximo tiempo que podrá estar recluso según la ley española es 30 años.

En su sentencia, recurrible ante el Tribunal Supremo, los magistrados también lo consideran responsable de los otros tres asesinatos ocurridos contra otro religioso salvadoreño, una empleada de la orden y su hija.

Pero "no pueden condenarle por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes", indicó el tribunal en un comunicado.

El militar de 77 años, extraditado a España en 2017, era el único acusado en el juicio celebrado entre junio y julio por la masacre ocurrida en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) en la guerra civil (1980-1992).

En medio de una ofensiva guerrillera sobre la capital San Salvador, el 16 de noviembre de 1989, efectivos del ahora proscrito batallón militar Atlacatl asesinaron a los religiosos.

Las víctimas fueron el hispanosalvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López, la cocinera Elba Ramos y su hija Celina.

En esa época, la orden religiosa, en especial Ignacio Ellacuría, estaba ejerciendo de intermediario entre el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, a fin de encauzar unas negociaciones de paz.

Eso, según el comunicado de la Audiencia Nacional, "les granjeó la enemistad de la extrema derecha, que temía que en la negociación se les privase de sus privilegios".

"Hoy se dio un gran paso hacia la verdad. La justicia salvadoreña sigue en deuda", expresó la UCA en su cuenta de Twitter.

La UCA añadió que el ejército salvadoreño debe pedir perdón por los crímenes perpetrados y abrir sus archivos para colaborar con la justicia local, pues de lo contrario, "difícilmente podrá ser considerada una institución democrática y respetuosa de los derechos humanos".