Escucha esta nota aquí

Después de años de intentos frustrados, una jueza argentina tomó este jueves declaración indagatoria al ex ministro español Rodolfo Martín Villa, investigado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la transición del franquismo a la democracia.

Por teleconferencia y durante más de cinco horas, Martín Villa, quien se dice inocente, prestó declaración indagatoria ante la jueza instructora María Servini desde la embajada argentina en Madrid, indicaron a AFP fuentes judiciales.

El expolítico fue nombrado ministro de Relaciones Sindicales en diciembre de 1975, menos de un mes después de la muerte del dictador Francisco Franco. Desde entonces y hasta abril de 1979 ejerció sucesivamente esta cartera y la de Interior.

Martín Villa está investigado en la llamada 'querella argentina', una demanda presentada en 2010 en Buenos Aires por víctimas del franquismo, para que se investiguen los crímenes cometidos durante la dictadura (1939-1975) y la transición a la democracia, y que en su mayoría no pueden ser juzgados en España al estar cubiertos por una ley de amnistía de 1977.

Servini investiga la posible responsabilidad del exministro en la muerte de 12 personas en Madrid, el País Vasco y Navarra, por disparos de policías, guardias civiles y grupos ultraderechistas en una España que caminaba trabajosamente hacia la democracia entre atentados de grupos de extrema derecha y extrema izquierda.

Cinco de esas víctimas murieron por disparos de la policía durante el desalojo de una asamblea celebrada en una iglesia de Vitoria, el 3 de marzo de 1976, en apoyo a una huelga.

Tras esta indagatoria, la jueza, que actúa en nombre de la justicia universal, tiene un plazo de diez días para decidir si procesa o no a Martín Villa, de 85 años.

"La querella tiene una década. Si Villa es procesado sería un hecho histórico", dijo a AFP Julieta Bandirali, abogada de la causa en Argentina.

También se felicitó Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno español y líder de la izquierda radical de Podemos, quien a menudo ha criticado el "silencio" sobre los crímenes de ese período.

"Hoy se da en Argentina un paso histórico para la justicia y contra la impunidad. Rodolfo Martín Villa responderá por delitos de lesa humanidad", escribió en Twitter.

- Apoyo político -

Martín Villa siempre ha defendido su inocencia. Según un texto difundido por su equipo poco antes de la declaración, actuó "después, no antes, de conocerse las muertes" en Vitoria y su gestión de la situación "consistió en tomar medidas urgentes para evitar más violencia" en esa ciudad.

El expolítico presentó además a la jueza cartas de apoyo de cuatro expresidentes del gobierno español, los socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y los conservadores José María Aznar y Mariano Rajoy.

Estos sostienen, según fuentes de la defensa, que "siempre actuó con un total compromiso para defender el Estado de Derecho y reformar las Fuerzas de Seguridad del Estado".

La plataforma que presentó la demanda colectiva en Argentina, CEAQUA, lo tachó como un intento de presionar políticamente a la jueza Servini. 

- "Hasta las últimas consecuencias"-

La jueza instructora trató de hacer extraditar a Martín Villa en 2014, pero se topó con la negativa de las autoridades españolas.

Ahora, el objetivo es "buscar la verdad, pero también y sobre todo buscar la justicia que se nos ha negado durante estos largos 44 años", dijo a la prensa Andoni Txasko, un hombre que perdió la visión de un ojo por una paliza que recibió a manos de la policía al día siguiente de la masacre de Vitoria.

"Esperamos que tras prestar declaración, Martín Villa sea procesado", añadió Fermín Rodríguez, otro de los querellantes.

Desde Buenos Aires, Eduardo Fachal, abogado de la querella del lado argentino, explicó que en el caso de que la jueza desista de procesar a Martín Villa, ellos recurrirían, pues quieren promover la causa "hasta las últimas consecuencias".

En el caso de que la jueza Servini sí decida finalmente procesarlo, Fachal no cree que haya prisión preventiva ni extradición, al primar el principio de presunción de inocencia a la espera de un hipotético juicio oral.