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Familiares de Leandro Fabián Cisneros y de Alejandro Polo, tripulantes y víctimas del submarino ARA San Juan que se hundió en 2017, están en desacuerdo con la indemnización económica aprobada por el Senado en Argentina.

"Es una burla que le pongan precio a mi hijo y vamos a seguir en la lucha para que se haga justicia contra los responsables, el gobierno de Mauricio Macri es culpable. Se debe abrir un juicio político a Macri, al exministro de Defensa, Óscar Aguad y jefes de la Armada de ese momento", respondió la madre del cabo Cisneros, Susana Mendiola, en contacto desde San Salvador de Jujuy.

A su criterio, hay suficientes pruebas acumuladas de que las autoridades gubernamentales se enteraron de la ubicación del submarino hundido por el reporte del buque Cabo de Hornos, de Chile, y también están las declaraciones del contraalmirante Enrique López Mazzeo, quien está retirado.

El navío chileno detectó el lugar cinco días después de la desaparición del submarino ARA San Juan el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo.

Daniel Polo, padre del cabo Alejandro Polo, expresó su enfado por haberle puesto un precio a la vida de su hijo y lo que se busca es "silenciar" a los familiares.

"Exijo justicia para mi hijo, quiero ver presos a los jefes de la Armada y al exministro Aguad. Estamos luchando contra este gobierno y el anterior que se lavaron las manos, ahora ofrecen sumas míseras y eso no vale la vida", exclamó Polo desde Buenos Aires, donde reside en la actualidad.

Polo coincidió con Mendiola para que las actuales autoridades instruyan peritajes para conocer que quedó dentro del siniestrado submarino ARA San Juan. Mendiola sugirió al Gobierno de Alberto Fernández, que tiene buena relación con China, acceder a la tecnología de cámaras para captar imágenes dentro del navío.

Ayer, el Senado argentino aprobó la norma que establece una reparación económica a los familiares de las víctimas del submarino que establece una indemnización por grupo familiar a ser percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge siempre cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del navío.

Se estima que el beneficio superaría los siete millones de pesos para cada grupo familiar.

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