Fiscal de La Haya denuncia que el régimen de Maduro puso en marcha un plan sistemático para encarcelar y torturar opositores
“Las víctimas fueron sometidas a abusos sexuales, palizas, ahogamientos y descargas eléctricas “, afirmó Karim Khan.
En un lapidario documento de 22 páginas fechado el 30 de marzo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) respondió a los argumentos presentados por el régimen de Nicolás Maduro, que buscaban desestimar las investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
De acuerdo con el fiscal de La Haya, Karim Khan, existe una base razonable para creer que en Venezuela se ha cometido "un ataque sistemático contra la población civil de conformidad con una política de Estado (…) y la política de atacar a esta parte de la población fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado específicas con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”.
La investigación también concluyó que “desde al menos abril de 2017 en adelante, miles de opositores fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual incluida la violación”.
“Las víctimas fueron presuntamente sometidas a actos de violencia, incluyendo palizas, asfixia, casi ahogamientos y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico”, añade el texto.
El informe surge a raíz del caso "Venezuela I" que abrió la anterior fiscal de la CPI, la gambia Fatou Bensouda, gracias a la denuncia presentada por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina en 2018, durante la gestión del entonces presidente Mauricio Macri.
Cabe recordar que, en 2021, el actual Gobierno argentino de Alberto Fernández y Cristina Kirchner decidió bajarse de esta denuncia colectiva, por considerar que “el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo", pese a que la investigación señala todo lo contrario.
Asimismo, el documento denuncia que el régimen de Venezuela “no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte”.
“Por las razones expuestas, la Fiscalía reitera respetuosamente su solicitud de que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene la reanudación de la investigación sobre la Situación de Venezuela”, concluye la Fiscalía en su presentación ante la CPI.
