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El papa Francisco reveló ayer una legislación más estricta que obliga a los clérigos y religiosos a denunciar a la Iglesia cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, así como la implicación de la jerarquía católica en estos hechos.

Todas las diócesis del mundo deberán tener un sistema que sea accesible al público para presentar informes sobre las denuncias de potenciales casos de abusos sexuales, los cuales serán examinados en un plazo de 90 días. Estas decisiones fueron tomadas en un “motu proprio”, una carta emitida directamente por el papa.

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