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El gobierno del presidente Jair Bolsonaro obtuvo este lunes la revocación de reglas de preservación de la vegetación del litoral brasileño, abriendo la vía, según grupos ecologistas, a proyectos inmobiliarios en zonas hasta ahora protegidas.

La normativa abrogada, de 2002, incluía en las "áreas de protección permanente" los manglares, donde crece una vegetación marítima típica de los trópicos, y la restinga, como se denomina en Brasil a las zonas de plantas herbáceas de suelos arenosos.

La decisión se adoptó en una reunión del Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conama), un organismo que reúne representantes del gobierno, de oenegés y de entidades patronales de varios sectores, bajo la presidencia del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles.

En mayo de 2019, menos de cinco meses después de la llegada de Bolsonaro al poder, un decreto modificó la composición de ese organismo, reduciendo el número de sus miembros de 96 a 23 y dando mayor peso a los representantes del gobierno en el voto de resoluciones.

"Cuando Salles modificó las reglas de funcionamiento del Conama, restringiendo la participación de la sociedad civil (...) sabía que de ese modo podría acelerar la aprobación de medidas contrarias al interés público", afirmó la organización ecologista Greenpeace en un comunicado.

"Mientras las quemadas devastan nuestros biomas, (...) el gobierno gobierna para los sectores que más se benefician a corto plazo de la desregulación ambiental", prosiguió Mariana Mota, coordinadora de políticas públicas de Greenpeace, en referencia a los incendios que se multiplican en la Amazonia y el Pantanal.

Para Mario Mantovani, director de SOS Mata Atlántica, una ONG que lucha por la preservación del litoral, la abrogación de las reglas de protección de los manglares y la restinga constituye un "escándalo" y un "crimen contra la sociedad".

La vegetación de la restinga permite "fijar los médanos y evitar la erosión", en tanto que los manglares son "esenciales para la vida marina", explicó Mantovani a la AFP.

Esas zonas ya habían estado "bajo fuerte presión de los promotores inmobiliarios y la ley de 2002 permitió frenar la destrucción de esa vegetación", agregó.

El Conama abrogó además este lunes la exigencia de obtener autorizaciones ambientales para proyectos de irrigación.

Y autorizó la incineración de embalajes y residuos de pesticidas en hornos de cemento. Una medida que, según los ecologistas, permitirá ignorar los protocolos ambientales para eliminar ese tipo de desechos.

En una reunión ministerial en abril, Salles afirmó que el gobierno debía aprovechar que la atención de la prensa estaba concentrada en la pandemia de coronavirus para hacer "pasar los bueyes", en lo que se interpretó como una instigación a apurar las medidas de flexibilización de los códigos ambientales.