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El gobierno de Colombia planteó este miércoles a un tribunal de paz que expulse del Senado a dos excomandantes rebeldes que confesaron que las extintas FARC mataron en 1995 al líder y excandidato conservador Álvaro Gómez.

El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, consideró que se debe aplicar a ambos exguerrileros la misma sanción que enfrentan otros parlamentarios procesados, a quienes "se les ha quitado la posibilidad de seguir ejerciendo su calidad de senadores". 

"Entenderíamos que (...) hay todos los argumentos jurídicos para que esto suceda en este caso", señaló el funcionario a W Radio. 

Ceballos pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) - creada a partir de los acuerdos que condujeron al desarme de los rebeldes - que valore si hay "incompatibilidad" entre la confesión del magnicidio y la continuidad de Julián Gallo y Pablo Catatumbo en el Congreso.

Los dos llegaron al Legislativo como parte de los pactos de paz de 2016, junto a otros siete líderes del ya disuelto movimiento armado

La exguerrilla abandonó las armas y aceptó someterse a la JEP a cambio de poder ejercer la política, confesar sus crímenes y reparar a las víctimas. Los responsables que cumplan con esos compromisos recibirán penas alternativas a la prisión, si no, se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.

El martes Gallo, conocido también como Carlos Lozada, reconoció que él impartió la orden a sus hombres de matar a Gómez por instrucciones del antiguo mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Días antes, el hoy partido de izquierda se había atribuido el asesinato del jefe conservador - perpetrado por pistoleros a la salida de una universidad de Bogotá - en una carta firmada por Gallo y Catatumbo. 

La confesión tomó por sorpresa a un país que por muchos años creyó que detrás del ataque contra el tres veces excandidato presidencial y periodista estuvieron políticos rivales, militares o narcotraficantes. El caso fue declarado crimen de lesa humanidad y sigue en investigación. 

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) deberá ahora presentar pruebas de su culpabilidad, aunque de entrada el gobierno y la familia de Gómez pusieron en entredicho esa versión.

Para los allegados del dirigente se trata de una "gran mentira" con la que se quiere ocultar a los verdaderos responsables.

Según ellos, el crimen estuvo motivado por la oposición que ejerció Gómez al expresidente liberal Ernesto Samper (1994- 1998), quien para la época estaba inmerso en un escándalo por la financiación del narcotráfico a la campaña que lo llevó al poder.  

La FARC justificó el magnicidio por el histórico rechazo del dirigente a la rebelión comunista.