El gobierno mexicano declaró sus grandes obras de infraestructura como de "seguridad nacional", lo que según expertos apunta a blindarlas frente a demandas que han retrasado su construcción.

"Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno" en sectores como el energético, aeropuertos y ferrocarriles, entre otros, señala un acuerdo publicado en el Diario Oficial.

El presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador ejecuta varias megaobras como un nuevo aeropuerto para Ciudad de México, el Tren Maya (proyecto turístico de casi 1.500 km de extensión) y una refinería en el estado de Tabasco (sureste).

Varios amparos para detener esas obras fueron interpuestos en tribunales del país y han retrasado los cronogramas de ejecución. 

Algunas han sido interpuestas por comunidades indígenas que alegan que el tren destruirá los ecosistemas de la selva maya y que las consultas previas que exige la ley fueron irregulares.

El acuerdo, que en la práctica tiene los efectos de un decreto, prevé agilizar los trámites entre instituciones del Estado, para lo cual se fija un plazo de cinco días a fin de obtener permisos o licencias necesarios para desarrollar los trabajos.

López Obrador rebatió este martes interpretaciones de analistas de que la ordenanza dificultará la auditoría de sus proyectos insignia, especialmente en el tema de presupuestos y licitaciones.

"No tiene nada que ver con la transparencia. Las secretarías (ministerios), todos estamos obligados a rendir cuentas", aseguró el mandatario en su habitual conferencia de prensa matutina.

"Todos tenemos la convicción de actuar con honestidad, cero corrupción", añadió.

Tres partidos opositores en la Cámara de Diputados anunciaron que la próxima interpondrán ante la suprema corte un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto.

El Instituto Nacional del Acceso a la Información (INAI, público autónomo) informó que también recurrirá al máximo tribunal pues la medida presidencial, considera,  "vulneraría el derecho de acceso a la información".

Para José Roldán, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la declaratoria de "seguridad nacional" provocaría además que los jueces nieguen de ahora en adelante las suspensiones que se piden mediante la figura de amparo.

"Podrían llevarse a cabo adjudicaciones directas y no licitaciones públicas. Además, podrían no darse cuestiones como las consultas indígenas", comentó Roldán a la AFP.

López Obrador insiste en que las demandas contra los megaproyectos tienen un marcado interés político.

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