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El Gobierno español trabaja con las autonomías para establecer un límite máximo de alumnos por aula el curso que viene. El número más probable es 15. Algunas comunidades permiten ahora hasta 28 en primaria y 40 en Bachillerato. Así lo informó el diario El País,

El Ministerio de Educación y los Ejecutivos autonómicos ven inviable duplicar los grupos por varias razones, la principal es de índole presupuestaria: no habrá dinero para doblar las plantillas y ampliar suficientes espacios escolares, así que el escenario que se abre paso es el de un sistema de enseñanza mixto en el que el alumnado asista a clase por turnos, de mañana y tarde, o en días o semanas alternos, y trabaje en casa la otra parte del tiempo.

“No podemos poner en riesgo todo lo avanzado”, ha dicho la ministra de Educación, Isabel Celaá, en una entrevista publicada ayer en 20 Minutos y Heraldo de Aragón, “si todos los niños acuden a la vez no podremos salvaguardar la distancia obligada”. Las familias consideran que esa nueva normalidad escolar exigirá medidas de conciliación; los directores de centros ven imprescindible destinar recursos para adecuar las instalaciones, y los sindicatos de profesores exigen “aumentos sustanciales de las plantillas docentes” para poder compaginar los planos presenciales y a distancia.

La premisa con la que trabajan las autoridades educativas es que, a menos que la ciencia descubra un tratamiento muy eficaz que dé un giro radical a la pandemia, en septiembre las normas de distanciamiento social seguirán siendo estrictas. Y ello va a obligar a prolongar las condiciones excepcionales. La diferencia, indica una portavoz del Ministerio de Educación, es que, al contrario de lo que sucedió con el inesperado cierre escolar de marzo, ahora hay tiempo para preparar la parte online de la docencia y proporcionar a todos los alumnos que carecen de equipos y conexión en el hogar los medios necesarios.

Tampoco es lo mismo, añade, pasar tres meses sin pisar la escuela que una docencia mixta, en la que habrá un contacto regular con el profesorado; que podrá orientarse mejor el trabajo a distancia. La drástica reducción de la ratio permitirá, además, que cuando los alumnos estén en el aula, los docentes puedan dedicarse a ellos de forma más personal, potenciando su labor de tutorización.

Esa es la parte optimista. Sin negarla, el sociólogo Miquel Àngel Alegre advierte de que la inédita y en ningún caso ideal situación llegará tras una recta final del curso que tendrá graves consecuencias para muchos: “Lo dramático es que una parte de los alumnos está perdiendo las rutinas y la disposición hacia el aprendizaje. Unas carencias que pueden llevar a la desafección, el absentismo, la repetición y el abandono escolar”, afirma el responsable de proyectos de la Fundació Jaume Bofill, especializada en políticas educativas.

El modelo mixto no será igual en todos los centros. Celaá planteó en la entrevista que tendrían que reducir a la mitad su capacidad. Pero la opción que está sobre la mesa es establecer un número máximo de estudiantes, probablemente 15, de modo que las escuelas rurales con pocos alumnos podrán seguir funcionando como hasta ahora, sin necesidad de acudir a la docencia online. 

En los colegios e institutos urbanos el problema será mucho mayor. Y aun así, como su realidad arquitectónica es diversa, la respuesta no será uniforme, señala la portavoz del ministerio, porque cada centro elegirá la mejor manera de cumplir con las normas. También las comunidades, que tienen transferidas gran parte de las competencias educativas, podrán hacer cumplir las normas generales de acuerdo con sus condiciones.

Cuatro responsables educativos autonómicos consultados por este periódico admiten que la reducción del número de alumnos los sitúa ante un grave problema, porque, a la espera de los fondos adicionales que pueda proporcionarles el ministerio, ven difícil contar con más recursos propios. “Con la crisis que se avecina, nuestra pelea va a ser mantener el mismo presupuesto que este año para el profesorado. 

Eso lo podemos conseguir. Pero aumentar el número de docentes de forma significativa está descartado”, resume uno de ellos. “Los Gobiernos vamos a tener que redefinir nuestras cuentas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y todo eso tiene que salir de un presupuesto que siempre es limitado”, señala Amador Cuenca, viceconsejero de Educación de Castilla-La Mancha. “Plantear un incremento significativo de las plantillas no es realista, porque es evidente que la situación económica no lo permitirá”, añade Antoni Morante, director general de Planificación, Ordenación y Centros de Baleares.