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La historia del narcotraficante de origen estadounidense Edgar Valdez Villareal, alias La Barbie, quien durante años fue uno de los narcotraficantes más peligrosos y sanguinarios de México, y su identidad como informante de la DEA y el FBI de 2008-2010, la cual revelé la semana pasada, ha comenzado a ser retomada por distintos medios de comunicación en diversas partes del mundo.

No sólo por las implicaciones directas sobre las redes de corrupción entre el narcotráfico y autoridades del más alto nivel en México -el informante del gobierno americano reveló la participación del presidente Felipe Calderón en reuniones para pactar con narcos-, sino porque también deja ver el nivel de intromisión del gobierno de Estados Unidos en el manejo de los hilos del narcotráfico. Una mano invisible que mece la cuna.

Hace dos semanas, Fabian Medina, Jefe de la Oficina del secretario de Relaciones Exteriores de México, publicó en la revista mexicana Proceso el resumen de un importante informe de su autoría. El contenido es explosivo y esclarecedor y de manera indirecta se entrelaza con la historia de La Barbie, porque al igual que la historia de este narco gringo, destapa la incidencia en el ‘juego del narcotráfico y violencia' de la primer potencia del mundo, con la anuencia de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Todo eso, en función de intereses individuales y desviados.

Fuego y muerte en México

En esta columna ya he hablado del caso Fast and furious (Rápido y Furioso), el operativo llevado a cabo por el gobierno estadounidense de 2009 a 2011, mediante el cual, so pretexto de conocer las redes de tráfico de armas de ese país a México, se solapó el tráfico de miles de armas que llegaron a manos de los carteles de la droga mexicanos. Armas que avivaron el fuego y la muerte en México.

Fabián Medina accedió a compartirme el reporte completo. Gracias a éste se puede saber con claridad, desde la voz de un funcionario público acreditado e informado, que no fue uno sino OCHO operativos de tolerancia de tráfico de armas, y estos se llevaron a cabo con el conocimiento y consentimiento del gobierno del gobierno de México del 2004 al 2011.

En el informe, basado en documentos oficiales del gobierno estadounidense, se explica que en 2004 la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Departamento de Justicia de EE.UU. puso en marcha un macro programa llamado Gunrunner, a través del cual el propio gobierno de Estados Unidos introdujo al mercado de ese país armas de alto poder marcadas, para hacerlas accesibles al tráfico ilegal con el objetivo de que llegaran a manos de los carteles de la droga.

El propósito oficial era que siguiendo el rastro podrían desbaratar las redes de tráfico de armas del origen al final. Se supone que las armas debían ser detenidas antes de cruzar a México, pero las dejaron correr y a la gran mayoría de las armas les perdieron el rastro.

Como parte de Gunrunner, se pusieron en marcha ocho operativos: Fast and furious y otros siete similares, con iguales y terribles consecuencias. Algunas incluso ocurrieron de manera simultánea generando una lluvia de armas ilegales en México: Wide Receiver de 2006 a 2007, Hernández (nombre dado por el apellido del narco para quien se traficaban las armas) en 2007, Armas Cruzadas en 2008, Medrano también en 2008, Granade Walker en 2010 (a través del cual traficante de armas Baptiste Kingery introdujo a México al menos 2 mil granadas y miles de municiones para el Cartel de Sinaloa), más los operativos Castaway y Too Hot to Handle, en 2010.

"Se estima el cruce de al menos 2 mil 500 armas (a México), sin contar las que quedaron en manos de los carteles, [incluidos] rifles de asalto AK-47, AR-15W, Barrets.50 y granadas”, señala Medina en el reporte.

Gunrunner y el sistema eTrace

El gobierno de Calderón Hinojosa, que al mismo tiempo estaba protegiendo a Cartel de Sinaloa, según testimonios de La Barbie, Vicente Zambada Niebla, Jesús Zambada García y otros importantes capos, tuvo conocimiento de todo el proyecto Gunrunner y su gobierno fue dotado de un sistema llamado eTRace, que se supone debía servir para rastrear las armas, pero no fue eficaz.

"Después de todos estos operativos conocidos por todos y en los que no hubo medición de resultados, rastreo por geolocalizador, o pruebas suficientes de que hubiesen sido exitosas, se decidió lanzar un nuevo proyecto…”, señala Medina. Y ambos gobiernos acordaron impulsar la operación Fast and furious. Con humor negro le pusieron el nombre del famoso filme de acción, porque los contrabandistas involucrados eran también miembros de clubes de coches.

El propósito también era literalmente vender armas a los grupos criminales más violentos de México: Los Zetas, Cartel del Golfo y Cartel de Sinaloa. De acuerdo con el reporte de Fabian Medina, "la dinámica encubierta estaba fuera de la supervisión y manejo estándar en las operaciones de campo, ya que al detectarse el tráfico hacia México debía hacerse la interdicción antes de que cruzara la frontera. En muchas ocasiones, la propia CBP (Patrulla Fronteriza) o ICE (Servicios de Inmigración y Control de Aduanas) detenían a los traficantes, pero eran liberados para que continuaran con el trasiego…” .

El gobierno estadounidense no tomó conciencia del disparate de este plan hasta que en 2010 fue asesinado en Arizona el agente de la patrulla Fronteriza Brian Terry, con una de las armas del programa de tráfico ilegal. Ahí fue cuando se destapó que existía Fast and Furious. En 2011 fue asesinado el agente estadounidense, Jaime Zapata, en San Luis Potosí, con otra de las armas traficadas.

Medina cita un informe interno de la ATF fechado en 2010 en la que reconoce que al menos 958 asesinatos cometidos en México se habían ejecutado con armas de tráfico ilegal tolerado. Entre ellos la masacre de Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, en la que 15 estudiantes fueron asesinados.

El expediente sobre estos operativos fue cerrado en Estados Unidos en 2017, pero la herida sigue abierta en México, porque muchas de esas armas siguen en manos de los carteles de la droga matando personas inocentes.

En mayo pasado, el Canciller del gobierno de México, Marcelo Ebrard, pidió al gobierno de Donald Trump entregar todo el expediente de Fast and Furious para saber qué autoridades mexicanas conocieron, autorizaron, solaparon e incluso hasta cooperaron con el gobierno estadounidense en el tráfico ilegal de armas para los carteles mexicanos. "con el objetivo de aportar la información necesaria para que la Fiscalía General de la República pueda concluir su investigación (por parte del gobierno de México) y dilucidar si se mintió al pueblo de México por sus más altas autoridades y así proceder en consecuencia”, señala el reporte del Jefe de la Oficina de Ebrard.

La mayor parte del tráfico de armas a México ocurrió en el periodo de gobierno de Calderón, y las armas cayeron en manos del Cartel de Sinaloa. Si como dice el informarte de la DEA y el ICE, Calderón protegía a dicho cartel es posible plantear la hipótesis de que las armas no hayan sido interceptadas, no por error humano, sino por corrupción. (18-JUN-2020)