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Líderes de comunidades indígenas de la Amazonia solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “llame la atención” a los gobiernos de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú ante los asesinatos, amenazas y violaciones de derechos humanos que afrontan en sus territorios, según trascendió ayer.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la organización civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) informaron a la prensa internacional que los representantes indígenas solicitaron a la CIDH “que interceda” para que los gobiernos de los países amazónicos “tomen medidas efectivas de protección”. 

En tanto, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) -que representa a los pueblos indígenas de los nueve países que la componen- lanzó la alerta durante el 177.º periodo de sesiones de la CIDH, que se celebra de manera virtual desde este lunes.

Las denuncias de los indígenas

En Perú, el vicepresidente de Aidesep, Richard Rubio, alertó que -desde abril pasado hasta el 11 de septiembre- han sido asesinados cinco defensores de derechos humanos en el país. Entre estas víctimas, detalló, figuran cuatro representantes indígenas: Arbildo Meléndez, Benjamín Ríos, Gonzalo Pío Flores y Lorenzo Wampagkit, todos de comunidades ubicadas en la Amazonia peruana. 

Rubio indicó que a estos crímenes se deben sumar “las amenazas a las comunidades por presuntos agentes ilegales” que ingresan a sus territorios, por lo que señaló que “urgen medidas coordinadas de manera multisectorial”.

La especialista de DAR, Jackeline Borjas, también dijo que los asesinatos “evidencian la ausencia histórica de los Estados” en la protección de las comunidades indígenas y agregó que, más de seis meses después del inicio de la pandemia del Covid-19 en Perú, “aún persiste la inacción estatal que evidencia una discriminación y desatención deliberada y reiterada”, así como la falta de prioridad a las “medidas de prevención y atención urgente en favor de los defensores y defensoras indígenas”.

Por ello, Rubio pidió que el Estado peruano dé prioridad a la aprobación de la ratificación del Acuerdo de Escazú “en tiempo oportuno”. El Acuerdo de Escazú es el primer pacto mundial que contiene disposiciones vinculantes para la protección y promoción de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Borjas consideró que la demora en la ratificación del Acuerdo de Escazú muestra “el poco interés” de los Estados por proteger los derechos de los defensores indígenas.

Ante el grave riesgo que afrontan los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y situación de Contacto Inicial (Piaci) en Perú, tanto la Aidesep como DAR resaltaron la importancia de un proyecto de ley que buscaría su protección. En ese sentido, las organizaciones señalaron que el Congreso debe dar prioridad a su debate y aprobación.

Por su parte, el dirigente de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae) Andrés Tapia denunció “los frecuentes procesos de persecución y criminalización” que sufren líderes indígenas de su país.

En tanto, la brasileña Leany Torres -vicecacique general del pueblo Warao del asentamiento Ka Ubanoko- señaló que exigen que un proceso de traslado, programado por el Estado para el 28 de octubre próximo, se realice respetando su consentimiento, “y no de manera arbitraria e inconsulta”.