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La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ayer la proporción “sorprendentemente elevada” de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad y organizaciones paramilitares en Venezuela y la grave crisis de los derechos humanos en el país caribeño. Además, hay 793 presos políticos a quienes se les privó arbitrariamente de su libertad, dice la Alta Comisionada.

El Gobierno de Nicolás Maduro dijo que el informe de Bachelet tiene una visión “distorsionada” de Venezuela y omite “los logros” del chavismo en esta materia.

“El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos” en Venezuela, dijo el Gobierno en una larga respuesta, con 70 observaciones, que divulgó a través de la Cancillería venezolana.

Grupos paramilitares

En su informe tras la visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet resalta igualmente que “los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”.

Cerca de 7.000 ejecuciones extrajudiciales se produjeron en Venezuela en el último año y medio según un informe publicado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUD), Michelle Bachelet, que recientemente visitó ese país.

Solo en 2018, hubo 5.287 muertes extrajudiciales, señaló la entidad. La gran mayoría de esas muertes fueron cometidas por las fuerzas de seguridad, una proporción “sorprendentemente elevada”, alertó Bachelet.

“Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores” resalta Bachelet.

Esas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el propio gobierno venezolano, precisó la portavoz, Ravina Shamdasani.

“No las habíamos publicado hasta ahora (...). Nos fueron enviadas en directa respuesta a nuestras solicitudes”, detalló.

Venezuela atraviesa desde hace meses una profunda crisis política, con el pulso entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor y autodeclarado presidente interino Juan Guaidó.

El país vive además una grave crisis económica, agravada por un embargo petrolero y sanciones financieras impuestas por Estados Unidos para intentar sacar del poder a Maduro.

“El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas” explica el texto.

“El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela” replicó el gobierno de Maduro en sus comentarios.

“El estudio recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas por motivos políticos. Esta recomendación resulta inaplicable y por tanto equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición”, añade.

La situación es “compleja”, admite Bachelet, que pudo entrevistarse con los principales protagonistas de la crisis y con damnificados.

“Este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas”, expone la entidad.

Además de la disolución de los “colectivos” armados, Bachelet recomienda la creación de “un mecanismo nacional imparcial e independiente” para analizar esas ejecuciones extrajudiciales, y le pide al gobierno que publique regularmente datos exhaustivos sobre los presos políticos.

JUAN GUAIDÓ: “LA NEGOCIACIÓN EN NORUEGA ESTÁ CONGELADA”
El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, alertó ayer que la negociación con el Gobierno de Nicolás Maduro bajo la mediación de Noruega está “por el momento congelada”, y puntualizó que ese es un instrumento más de presión que utilizarán si puede facilitar el cambio político.

En una entrevista al canal “France 24”, Guaidó insistió en que ese proceso de negociación no puede ser el único mecanismo “porque sería un error para los venezolanos, porque la dictadura se burlaría de nosotros. Y así debe también verlo Europa”. “Tenemos que verlo -añadió- como un mecanismo de presión, como lo es la protesta cívica y ciudadana, como lo es la presión diplomática”.

Guaidó, al que más de 50 países han reconocido como presidente interino de Venezuela, afirmó que participarán en esas conversaciones “siempre y cuando estén orientadas a una solución a la crisis. Todos queremos que sea pacífica, todos queremos que sea inmediata, que sea rápida porque es una necesidad”.

Pero a continuación previno de que “el problema es que el régimen (de Maduro) ha utilizado este tipo de mediaciones para dilatar” la situación.

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