Son 6.300 páginas con relatos espeluznantes de torturas y abusos cometidos por la CIA contra acusados de terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Los medios utilizados por la central de inteligencia estadounidense, sin embargo, no son una novedad. Son los mismos que se aplicaron en América Latina y el sudeste asiático durante la guerra fría entre los años 60 y 70 a través de las dictaduras militares, que llevaron a la tortura, desaparición y muerte de miles de personas.

El caso ha sacudido las entrañas mismas de Estados Unidos. Las revelaciones del estudio presentado por la senadora demócrata Dianne Feinstein demuestra el grado de impunidad con el que se manejan los organismos de inteligencia y de represión militar en la potencia del norte.
Las heridas siguen abiertas y el debate es álgido. Trece años después del 11 de septiembre, EEUU sigue siendo sacudido por la controvertida herencia de su "guerra contra el terrorismo": desde qué hacer con los presos, hasta cómo impedir que se repitan las torturas.

Las explosivas revelaciones del documento publicado el martes por el Senado recuerdan que Estados Unidos está lejos aún de pasar la página de ese episodio, mientras se discute la permanencia del remanente de tropas en Afganistán o Irak e incluso la pertinencia de enviar a soldados sobre el terreno para combatir a los yihadistas del grupo Estado Islámico.
Privación del sueño, aislamiento y confinamiento, simulación de ahogamiento: el informe parlamentario es una requisitoria implacable contra los métodos usados por la CIA contra un centenar de detenidos, en el marco de un programa secreto que incluía los llamados pozos "negros", fuera del país.

El documento hace también un balance implacable sobre la ineficacia de esos interrogatorios, que "en ningún momento" permitieron obtener informaciones sobre amenazas de atentados inminentes.

¿Este informe marcará -como lo espera el secretario de Estado John Kerry, "el fin de un capítulo" de la historia estadounidense? Nada es menos seguro.

La CIA estuvo directamente involucrada en el golpe de Estado contra el chileno Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. La organización trabajó directamente con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que se encargó de la persecución de disidentes políticos.

El denominado Plan Cóndor que se estableció entre las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay recibió ayuda directa de la CIA y sus impulsores aplicaron los métodos franceses y estadounidenses de tortura, secuestro de menores, desaparición y asesinato de opositores al régimen.

Escándalo político
Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, con Amnistía Internacional a la cabeza, reclaman que se juzgue a los responsables de las torturas, un extremo descartado por el departamento de Justicia.

En un minucioso editorial sobre las "mentiras" de la CIA, el New York Times anticipa, y lamenta, que el documento probablemente no tenga consecuencias. "Los republicanos, que controlarán pronto el Senado, criticaron el informe, como si hablar de la tortura, y no la tortura en sí, fuera nefasto para el país".

Más allá del problema de la tortura, la onda expansiva provocada por esta investigación realizada durante tres años por la comisión de Inteligencia del Senado, podría también contribuir a alimentar otros debates.

El aparato de inteligencia estadounidense, cuyo alcance fue revelado por el informático Edward Snowden, provocó estupor en Estados Unidos y en el mundo, continúa siendo un tema sensible