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La defensora del pueblo europeo, Emily O'Reilly, decidió este viernes abrir una investigación sobre el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, atendiendo la preocupación de cinco oenegés sobre el estudio de impacto ambiental.

"He decidido iniciar una investigación sobre esta queja" que apunta a la falta de una evaluación de impacto ambiental actualizada antes del acuerdo alcanzado en junio de 2019, escribe O'Reilly en una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La Federación Internacional de Derechos Humanos, ClientEarth, Fern, el Instituto Veblen y la Fundación Nicolas Hulot pidieron a la defensora que suspendiera el proceso de ratificación, al considerar que Bruselas no tuvo en cuenta el impacto del acuerdo.

"La Comisión no respetó su obligación legal de garantizar que este acuerdo no implique una degradación social, económica y ambiental, ni violaciones de los derechos humanos", aseguraron a mediados de junio al anunciar la presentación de su queja.

Para O'Reilly, los hechos denunciados pueden constituir un caso de "mala administración", por lo que plantea una serie de preguntas a la Comisión y le urge a responderlas en un plazo de tres meses.

Tras 20 años de negociaciones, la UE y los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) llegaron hace un año a un principio de acuerdo comercial, que el bloque sudamericano busca que entre en vigencia lo antes posible.

El comisario europeo de Comercio, Phil Hogan, confirmó el lunes que el acuerdo se enfrenta actualmente a la traducción en todas las lenguas oficiales de la UE, tras terminar su revisión jurídica, un proceso que espera que finalice en octubre.

"Luego corresponde al Consejo (de la UE) y a la Eurocámara decidir dónde y cuándo quieren proceder y si quieren ratificar este acuerdo", agregó Hogan, en un contexto de presión creciente en Europa para que no se ratifique.

Previo al proceso de ratificación, los 27 países de la UE deben dar su visto bueno a la firma formal por el Consejo de la UE, pero los parlamentos de Países Bajos, Austria y de la región belga de Valonia ya avanzaron su oposición al texto actual.

Otros países como Francia e Irlanda también mostraron sus reservas ante este acuerdo que levanta ampollas en el sector agrícola europeo, especialmente ganadero, y entre los defensores del medio ambiente por la política de Brasil.