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El movimiento indígena de Ecuador, que encabeza las protestas contra las medidas de austeridad económica adoptadas por el Gobierno a petición del Fondo Monetario Internacional (FMI), aceptó el diálogo ofrecido por el presidente Lenín Moreno, tras diez días de protestas y disturbios en el país, que continuaban ayer.

A pesar de que inicialmente se había negado en rotundo a conversar con Moreno si este no reponía los subsidios a los combustibles, principal exigencia de las protestas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció este sábado en un comunicado que se abre al diálogo directo con el presidente.

El cambio de postura de la principal federación de indígenas de Ecuador llegó tras “un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales”, se indica en un comunicado oficial.

El contenido de la nota de prensa ya había circulado a última hora del viernes, pero desde la dirección de la Conaie, encabezada por Jaime Vargas, se había calificado de falso y se reiteraba la postura inicial de no dialogar hasta que se derogara el Decreto 883, que eliminó los subsidios a los combustibles.

También exigían en un principio los ceses de la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, y de Defensa, Oswaldo Jarrín, a los que hacen responsables de la represión de las protestas.

Ahora, en cambio, el movimiento indígena dialogará con miras a la derogación del decreto, pero también a su “revisión”, aunque aclaró que no conversará “sobre ningún tipo de compensación”, mientras que no se menciona nada sobre los ministros.

El acercamiento entre las posturas inicialmente intransigentes del Gobierno y de los indígenas llega después de que se registren a nivel nacional al menos cuatro muertos, más de 850 heridos y más de 1.000 detenidos en las protestas que se iniciaron el 3 de octubre.

Más protestas

Manifestantes encapuchados prendieron fuego y saquearon ayer el edificio de la Contraloría, en el norte de Quito, en medio de violentas protestas que completan 11 días contra ajustes económicos pactados por el Gobierno de Ecuador con el FMI, según observó un fotógrafo de la AFP. 

La sede fue atacada con bombas incendiarias y poco después un grupo de hombres, la mayoría con la cara cubierta o con cascos, irrumpió en la sede.

La ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, anunció en Twitter el desalojo de la zona, donde se registran disturbios por las medidas económicas, para “que los equipos de rescate puedan atender el incendio y el personal que está dentro”.

Romo agregó que la Policía había detenido a “30 personas que se habían apostado en la terraza de la Contraloría” y que los agentes revisaban el resto del edificio, frente al cual manifestantes indígenas levantaron barricadas desde donde sostienen enfrentamientos con la fuerza pública.

La funcionaria acompañó sus tuits con videos en los que aparecen varias personas causando destrozos y saqueando oficinas, así como columnas de humo saliendo del edificio de la Contraloría, cercano a la sede de la Asamblea Nacional.

El lunes, cuando indígenas empezaron a llegar a Quito para protestar contra los ajustes pactados por el Gobierno con el FMI, los manifestantes intentaron asaltar las sedes del Parlamento y de la Contraloría. Al siguiente día, el Legislativo fue ocupado brevemente.

 Veedores internacionales

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Coanie), que ayer aceptó ir a un diálogo con el Gobierno para poner fin a las manifestaciones de protesta que llevan ya diez días, pidió la presencia de organismos internacionales como garantes de las conversaciones.

Así lo señaló el dirigente Leónidas Iza, en unas declaraciones a la prensa que circula en redes sociales, en la que también pidió que se coloquen pantallas gigantes de televisión en los lugares de concentración de la protesta, para que sea el pueblo el que resuelva sobre un eventual acuerdo con el Gobierno.

Según Iza, se requiere la participación de representantes de organismos como la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Naciones Unidas y de Amnistía Internacional (AI) para acompañar el diálogo.