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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un nuevo decreto de "estado de excepción y emergencia económica" que restringe las garantías constitucionales en todo el territorio nacional como una medida para "preservar el orden interno". La medida surge en medio de tensas movilizaciones en las que murieron al menos 43 personas desde que estallaron el 1 abril raíz de que el Tribunal Supremo asumió las funciones del Congreso. 

El decreto establece la facultad del Ejecutivo para que adopte "las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas, y otros productos y servicios", según publicó la agencia EFE, en base al decreto publicado en la Gaceta. 

 La norma señala, además, que "podrán ser restringidas las garantías" para el ejercicio de los derechos constitucionales, salvo las excepciones que estable la Constitución que son "el derecho a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos".

El presidente se facultó también para decidir "la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político" contra autoridades del poder público y altos funcionarios cuando estas obstaculicen la implementación de medidas económicas.

Sin control del Congreso
Este decreto permite al Gobierno, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.

Los decretos de estados de excepción, según la Constitución, requieren de la aprobación de la mayoría del Parlamento, controlado por la oposición y que actualmente se mantiene en "desacato" por parte del Tribunal Supremo.

En esta ocasión el decreto será enviado directamente a la máxima corte para declarar su constitucionalidad, como ocurrió con todos los decretos anteriores que han mantenido restringidas las garantías desde enero de 2016. 

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