El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenido en Bolivia en 2026 y actualmente bajo proceso en Estados Unidos, volvió a generar repercusión internacional tras anunciar un cambio en su equipo de abogados, al tiempo que denunció presuntas extorsiones por parte de agentes de la DEA y reafirmó su inocencia en el caso que lo vincula a una red de narcotráfico transnacional. Todo esto a casi nada de su próxima comparecencia ante el juez, fechada para el 1 de julio, misma en la que supuestamente, negociaría su incriminación.
Marset difundió un comunicado de cuatro páginas en el que señala que decidió reorganizar su representación legal debido a “presiones externas” y supuestas irregularidades en el manejo de su caso. El recluso sostiene que existe una campaña en su contra y acusa a agentes antidrogas estadounidenses de intentar obtener declaraciones bajo supuesta extorsión, afirmaciones que no han sido corroboradas por autoridades oficiales de Estados Unidos.
Entre las acusaciones más greves que hace está lo siguiente, de su puño y letra escrito en inglés: "en interrogatorio, los agentes me amenazaron con que nunca volvería a ver a mis hijos y que pasaría el resto de mi vida en prisión si no cooperaba. Posteriormente, el resumen del interrogatorio fue falsificado: se registraron declaraciones que nunca hice y negaciones expresas que formulé fueron registradas como aceptaciones. Esto constituye una alteración fraudulenta de un documento oficial".
Antecedentes
El caso de Marset sigue bajo la jurisdicción de la justicia estadounidense tras su captura en Bolivia en marzo de 2026, cuando fue aprehendido en un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y posteriormente trasladado por la DEA para enfrentar cargos por lavado de dinero y narcotráfico. Desde entonces, su defensa ha cuestionado el procedimiento de expulsión, alegando vulneración de derechos y falta de debido proceso en Bolivia.
El historial criminal de Marset incluye acusaciones en varios países por liderar el denominado Primer Cartel Uruguayo (PCU), una estructura dedicada al tráfico de cocaína hacia Europa con base operativa en Bolivia y Paraguay. También ha sido señalado por su presunta vinculación con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en 2022, uno de los casos más sensibles en la región, aunque sin una imputación formal en ese hecho.
Tras su captura en Bolivia, el caso Marset generó repercusiones diplomáticas y judiciales en América Latina, debido a la magnitud de la organización criminal que se le atribuye y a las investigaciones paralelas en Paraguay, Uruguay y Estados Unidos. Mientras la justicia estadounidense avanza con el proceso por lavado de activos, la defensa del acusado insiste en su inocencia y en supuestas irregularidades en su detención, en un caso que continúa abierto y con impacto regional.