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Más de 30.000 policías y soldados serán desplegados a partir de este lunes en Nicaragua, según fuentes oficiales, para resguardar las elecciones del domingo, en las que el presidente Daniel Ortega buscará un cuarto mandato consecutivo, sin rivales de peso.

El tribunal electoral, con la ayuda de militares y policías, empezó la distribución de las cajas con las papeletas electorales, la tinte indeleble y otros materiales que usarán los más de 3.000 centros de votación, anunció la presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Brenda Rocha, durante un acto oficial.

El jefe del Ejército, general Julio Avilés, informó en el acto que 15.000 soldados participarán en el plan de seguridad, con el apoyo de 600 medios de transporte terrestre, 400 equipos de comunicación de radio, siete medios aéreos y 80 naves de la fuerza naval.

La policía, por su parte, movilizará 16.665 efectivos y dispondrá de 3.000 medios de transporte y 600 medios de comunicación para proteger los centros electorales, y hacer operativos de patrullaje.

La distribución del material electoral para las 13.459 juntas receptoras de voto empezó en las remotas regiones del Caribe norte y sur con "el valioso apoyo de la policía y el ejército", apuntó Rocha.

La funcionaria informó que para la medianoche del mismo 7 de noviembre esperan dar a conocer los primeros resultados.

Las elecciones serán observadas por 180 "acompañantes" invitados por el gobierno, que rechazó la observación internacional de organismos como la OEA y la Unión Europea (UE).

Unos 4,3 millones de nicaragüenses -de una población total de 6,5 millones- están llamados a votar en estos comicios en los que Ortega, quien gobierna desde hace 14 años, se postula junto con su esposa Rosario Murillo, como candidata por segunda vez a la vicepresidencia.

Ortega competirá contra cinco partidos derechistas cuyos candidatos son prácticamente desconocidos por la población. 

La oposición política fue excluida de las elecciones. Siete aspirantes presidenciales están detenidos y tres partidos fueron ilegalizados. El gobierno acusa a sus opositores de "golpistas", "traidores a la patria" y "lavado de dinero".


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