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Una multitud de argentinos repudió el miércoles un fallo de la Corte Suprema capaz de excarcelar a represores de la última dictadura, y alzó los simbólicos pañuelos blancos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que tras 40 años de lucha clamaron por un "nunca más".

Al menos medio millón de personas, según los organizadores, asistió a la marcha poco después que el Congreso frenó con una ley el alcance del polémico fallo, pero sin convencer a la ciudadanía de que la política de derechos humanos está fuera de peligro.

Las veteranas activistas que perdieron a sus hijos y nietos en la dictadura que marcó a Argentina entre 1976 y 1983, Estela de Carlotto, Lita Boitano y Taty Almeida -mayores de 85 años-, cantaron a voz en cuello: "Olé, olé, como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar".

También gritaron su lema: "Señores jueces: Nunca más ningún genocida suelto. 30 mil detenidos-desaparecidos ¡presentes!'".

Por primera vez en la historia invitaron a los asistentes a llevar sobre sus cuellos el simbólico pañuelo que identifica a las Madres de Plaza de Mayo. "Afortunadamente la sociedad ha reaccionado con firmeza", agradeció Carlotto.

Horas antes el Congreso aprobó por unanimidad una ley que impide conceder a los culpables de crímenes de lesa humanidad el beneficio de reducción de condenas. Se aprobó en debates con la emoción a flor de piel de diputados y senadores, algunos de ellos víctimas directas de la dictadura.

"Hemos demostrado, una vez más, que no queremos que los genocidas, los violadores y los asesinos caminen a nuestro lado", clamó Almeyda por la organización Madres de Plaza de Mayo línea fundadora.

Carlotto agradeció decisiones como las del Congreso y pidió que "los representantes de los tres poderes del Estado tomen el reclamo del pueblo unido en esta plaza para dar vuelta este fallo antidemocrático y pro-dictadura", afirmó.

En otras partes de Argentina como Neuquén, Córdoba, Río Negro, Chacho, Santa Fe y Tierra del Fuego también hubo marchas similares.

El cuestionado fallo de la Corte Suprema, con el cual tres de los cinco jueces aprobaron una reducción de pena para el exagente paramilitar Luis Muiña -condenado a 13 años de prisión-, puso en rebelión a abogados, jueces, fiscales y legisladores.

Macri, señalado por opositores de estar detrás del fallo de la Corte, rompió el miércoles un criticado silencio. "Estoy en contra de cualquier herramienta que facilite impunidad, más aún cuando es por delitos de lesa humanidad", indicó.

 

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