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Por RFI

El Ministerio Público de Nicaragua solicitó el martes 1 de junio inhibir de cargos públicos a la opositora Cristiana Chamorro, a quien acusó de lavado de activos, en un proceso que la puede dejar fuera de las elecciones presidenciales de noviembre.

Cristiana Chamorro, de 67 años, la aspirante a la presidencia con más posibilidades de enfrentar la casi segura candidatura de Daniel Ortega a la presidencia de Nicaragua quedó con un pie fuera de las elecciones presidenciales prevista para el mes de noviembre, tras ser acusada por el gobierno de lavado de activos.

"Soy inocente hasta que no me demuestren lo contrario”, reaccionó Chamorro quien consideró la decisión como una "farsa" para sacarla de la contienda electoral. “Aquí no me han podido demostrar ningún cargo, por tanto podemos acceder a cargos de elección", agregó Chamorro frente a periodistas.

La acción de la fiscalía tuvo lugar el martes 1 de Junio, el mismo día en que Cristiana Chamorro, se inscribió en la sede de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CXL, partido de derecha), en el proceso de selección primaria del candidato presidencial.

Esto es el resultado de 10 días de investigación de las autoridades, a pedido del Ministerio Público, por supuestas irregularidades, falsedad ideológica y lavado de dinero, durante la gestión de la fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Chamorro, (FVBCh, Fundación Violeta B de Chamorro), una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión.

Otras tres personas fueron acusadas en este caso, entre ellos la corresponsal de la cadena hispana Univisión, María Lili Delgado, extrabajadora de la fundación, y los periodistas María Arróliga y Guillermo Medrano, que cumplían funciones en la organización.

La FVBCH cerró sus operaciones este año, luego de que una ley aprobada por el congreso oficialista extremara los controles a los aportes que ONG recibían desde el exterior, y a declararse como agentes extranjeros. Para el gobierno de Daniel Ortega, esto constituye “un riesgo de intromisión” en la política interna.

Ahora Cristiana Chamorro deberá cumplir con “retención migratoria (...) prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los cargos, y la inhabilitación para cargos públicos” sabiendo que el registro de candidatos a presidente, vicepresidente y diputados se establecerá entre el 28 y el 2 de agosto.

Según el último sondeo de la empresa Cid Gallup, Chamorro tiene un 21% de apoyo ciudadano, el segundo mayor después de Ortega (30%) que busca su cuarta reelección consecutiva.

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