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El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, acusó a La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de no "actuar con justicia" en su país y de dar informes "intencionalmente politizados", en su discurso este martes ante la Asamblea General del organismo.

La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos "no actúa con justicia y equidad con nuestro país, convirtiendo sus actualizaciones orales e informes en contenidos intencionalmente politizados", dijo Moncada en su discurso, virtual y pregrabado debido a la pandemia de coronavirus.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó el pasado 14 de septiembre la falta de "avances en la situación de derechos humanos" en Nicaragua y la inacción del gobierno del presidente Daniel Ortega para superar las causas de la ola de protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.

Moncada estimó que los informes de la agencia de derechos humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua contienen "preocupantes y serias deficiencias metodológicas" y que se basaron exclusivamente en fuentes opositoras a su gobierno.

"Nicaragua rechaza la politización del Sistema de Naciones Unidas, promovida principalmente por el gobierno de Estados Unidos, que pretende convertir a sus órganos en instrumentos al servicio de sus intereses, para desestabilizar a los países que no se someten a sus dictados imperiales", subrayó el diplomático.

Estados Unidos rechazó el martes las "palabras vacías" de Nicaragua en la Asamblea General de la ONU.

"Palabras vacías en la #ONU75 no restaurarán la democracia en Nicaragua", tuiteó Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado.

"Condenamos la negativa de Ortega a celebrar elecciones libres y justas, sus ataques contra la prensa y la oposición, la corrupción que roba a los nicaragüenses, el uso de la tortura como forma de represión y la detención de más de 90 prisioneros políticos", indicó la portavoz.

El discurso de Moncada reprodujo la posición de la presidencia de Nicaragua, que el 24 de septiembre acusó a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de basar sus informes en agendas mediáticas, "calumniosas" y "difamantes".

El gobierno nicaragüense expulsó en diciembre de 2018 a delegados de esa agencia acusándoles de parcialidad en sus informes sobre la violación de derechos humanos en el contexto de las protestas opositoras.

La revuelta, que duró seis meses y exigía la renuncia del presidente Daniel Ortega, dejó 328 muertos, centenares de detenidos, en su mayoría luego liberados, y miles de exiliados, según organismos de derechos humanos.