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Nicaragua envió este miércoles a más de 2.800 reos a prisión domiciliaria, algunos de ellos con problemas de salud o una edad avanzada, pero no incluyó a ningún preso político en esa medida, informaron el Gobierno y la oposición.

El Ministerio de Gobernación indicó que 2.815 presos recibieron el beneficio de prisión domiciliaria, entre ellos personas de la tercera edad con padecimientos crónicos, en plena pandemia de coronavirus. 

Sin embargo, no fue incluido ninguno de los 86 opositores detenidos, dijo a la AFP la abogada Yonarki Martínez, quien asiste legalmente a algunos de estos presos.

La jurista calificó la exclusión como "una represalia contra opositores e inocentes" que no están de acuerdo con el gobierno del presidente Daniel Ortega.

"Es una evidencia que no hay respeto al derecho humano y de salud para los privados de libertad" que se oponen al gobierno.

La oenegé Amnistía Internacional denunció la semana pasada que al menos 12 opositores detenidos presentaban síntomas que podrían estar relacionados con Covid-19 y que estaban en condiciones de detención precarias, hacinados y sin recibir atención médica adecuada.

Las autoridades penales, en una reunión virtual con el Comité Internacional de la Cruz Roja, informaron que "a la fecha no se ha presentado ningún caso de Covid-19" en los penales nicaragüenses, según una nota de prensa enviada a los medios.

Según los datos oficiales, Nicaragua ha registrado solo 16 casos de Covid-19, incluidos cinco fallecidos desde el principio de la pandemia. 

De acuerdo a un conteo independiente que lleva a cabo el Observatorio Ciudadano, con el apoyo de organizaciones civiles, redes sociales y la ciudadanía, en Nicaragua hay más de 780 casos sospechosos de covid-19, que son tratados o ingresados a las unidades de salud como neumonía.