ONG de Guatemala denuncia más de 500 ataques y 5 muertes de activistas de derechos humanos
El 97% de los ataques es contra personas que defienden los derechos humanos, mientras que 5 activistas fueron asesinados cuando trabajaban en la defensa de sus derechos o eran líderes en sus comunidades
Un grupo defensor de los derechos humanos de Guatemala dijo este viernes que en el primer semestre del año se registraron en el país 551 agresiones y cinco asesinatos de activistas.
De mantenerse la tendencia, 2021 se convertirá en el periodo con más agresiones contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, dijo la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (Udefegua).
Datos de esa organización no gubernamental, una de las más importantes del país, indican que en todo el año pasado su personal documentó 1.055 agresiones.
"Las personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos enfrentan una situación cada vez más riesgosa para realizar su trabajo en Guatemala", lamentó Jorge Santos, coordinador general de la Udefegua.
Consideró que ese deterioro se debe en gran parte "a las medidas que ha tomado el mismo Estado para limitar su independencia y criminalizar a actores críticos y que actúan desde su autonomía".
El 97% de los ataques es contra personas que defienden los derechos humanos y el resto a organizaciones, instituciones o comunidades defensoras de los derechos humanos.
Asimismo, la organización documentó cinco asesinatos de activistas cuando trabajaban en la defensa de sus derechos o eran líderes en sus comunidades.
Para Santos esa situación demuestra un "retroceso democrático (que) se puede identificar con la captura de instituciones fundamentales que hacen valer el estado de derecho y la legalidad en el país".
Además, están garantizando la "impunidad para los actores que se dedican a imponer un régimen de violencia y corrupción".
Asimismo, favorece el retroceso la expulsión de fiscales, jueces y magistrados independientes, la criminalización de comunidades que se oponen a proyectos extractivistas o la restricción de libertades fundamentales de movilidad bajo el pretexto de la pandemia de covid-19.
Por último la entidad estima que "el permanente asedio, hostigamiento, acoso y agresiones contra de quienes defienden derechos humanos abre la puerta para que se consolide un régimen autoritario" en el país.
