Se trata de “docenas” de órdenes de aprehensión que también afectan a funcionarios de la fiscalía y la Policía Federal. AMLO prometió “cero impunidad” en el caso Ayotzinapa

26 de septiembre de 2020, 15:13 PM
26 de septiembre de 2020, 15:13 PM

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este sábado que la justicia mexicana ordenó la detención de miembros de la Policía Federal y del Ejército por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero), caso que cumple seis años esta misma jornada. También añadió que hay órdenes contra miembros del Ministerio Público.

"Se han emitido órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad, el que haya participado, y se demuestre, va a ser juzgado”, advirtió el mandatario, durante la presentación de un informe especial sobre los avances de la investigación, en la que estuvieron presentes padres de los desaparecidos, que por años han señalado a militares entre los probables responsables.

Se trata de "docenas” de órdenes de aprehensión, según la agencia Reuters. Tras el informe de López Obrador, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación (Interior) y presidente de una comisión de la verdad creada para el caso, dijo a la prensa que ya se trabaja en la ubicación de los uniformados. Todos los sospechosos son catalogados como "autores intelectuales y materiales” del crimen.

La "verdad histórica”

AMLO recordó que durante el Gobierno anterior, de Enrique Peña Nieto (2012-2018), "se decía que si estaba involucrado el Ejército" se tenía que "proteger" a la institución para que no se viera afectada. "Yo sostenía lo contrario: si se aclaraba que habían participado militares, se tenía que decir, saber y castigar a los responsables y eso en vez de debilitar a las Fuerzas Armadas, las fortalecía", expresó.

Según la polémica versión del Gobierno de Peña Nieto, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en Iguala (Guerrero) y entregados al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el vertedero de basura de Cocula y tiró los restos en un río.

Este relato, conocido como la "verdad histórica", fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar. Ellos han exigido durante años que se investigue la probable participación en los hechos de dos batallones del Ejército destacados en la zona.