Ya hay un informe presentado por el congresista Wilson Soto, en el cual se busca la inhabilitación política de Pedro Castillo tras las declaraciones sobre una eventual salida al mar para Bolivia. El documento sería entregado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

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10 de agosto de 2022, 17:29 PM
10 de agosto de 2022, 17:29 PM

France24.com

La opinión que el presidente peruano Pedro Castillo manifestó diciendo que estaba a favor de que Bolivia tuviese una salida al mar, desde suelo peruano, le ha valido un tremendo lío y ya se habla de su inhabilitación política.

En una entrevista realizada en enero de este año, el periodista Fernando del Rincón, de la cadena de noticias CNN, le preguntó al presidente peruano sobre una opinión que había lanzado en 2018, de que estaba a favor de que Bolivia tuviese salida al mar. En su respuesta, el mandatario ya agobiado por varias acusaciones y amenazas a su gestión respondió: “No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo... jamás haría cosas que el pueblo no quiera”.

Luego siguió aclarando:  “Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia”.

El tema salió a flote nuevamente esta semana, luego de que un medio local dio a conocer un informe presentado por el congresista Wilson Soto, en el cual se busca la inhabilitación política de Pedro Castillo tras las declaraciones sobre una eventual salida al mar para Bolivia. El documento sería entregado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. 

En el informe de 89 páginas se explica que Castillo habría hecho declaraciones que “no encarnan el deseo de la Nación”, luego de señalar su intención de preguntarle a los peruanos sobre si se le debería dar salida al mar al país vecino. 

El congresista Soto aseguró que las declaraciones del presidente las hizo sin pensar que “el territorio nacional es inalienable e inviolable, declaración que vulneraría mandatos constitucionales, como los denunciados y analizados, poniendo en riesgo la integridad y soberanía territorial del Estado, pese a estar obligado a protegerlo y hacerlo respetar”.

La defensa

La defensa de Castillo rechazó vigorosamente el informe presentado por Soto. "Tiene muchas hojas, pero ningún argumento jurídico serio", dijo Benjo Espinoza, abogado del presidente peruano. 

Durante una visita de trabajo a la ciudad de Arequipa, Castillo aseguró que no responderá más sobre el tema.

El delito por el que el presidente peruano es acusado, se encuentra consignado en el artículo 325 del Código Penal de Perú y, según Soto, fue cometido en grado de tentativa. Al conocerse la propuesta, la legisladora Gladys Echaíz, del partido ultraderechista Renovación Popular, se declaró a favor de la denuncia contra Castillo, porque según ella, es un hecho grave. 

"No estamos tras la persecución de una persona, simplemente analizamos hechos, verificamos comportamientos y aplicamos el ordenamiento legal", expresó Echaíz. 

Frente a las declaraciones de Castillo, el Gobierno boliviano reaccionó inmediatamente. El presidente de la Cámara de Diputados de ese país, Fredy Mamani Laura, celebró la “predisposición” de Castillo por tener la intención de realizar la consulta. 

Bolivia perdió acceso al mar, entre el desierto de Atacama y los valles de Moquegua, en la guerra del Pacífico entre 1879 y 1883. Los aliados Perú y Bolivia se enfrentaron en contra de Chile dando como resultado el aislamiento de Bolivia frente al océano. 

Desde 1992, Perú le cedió una playa de 20 kilómetros a Bolivia, la cual se puede recorrer en su totalidad en 20 minutos en auto y se encuentra a 462 kilómetros de La Paz. Esta salida al mar se denomina Bolivia Mar o Boliviamar, sin embargo, está abandonada por parte de los dos Estados. 

Castillo al mando con incierto futuro  

El nivel de desaprobación del exprofesor llega al 76%, la peor cifra desde que asumió el mando hace poco más de un año. Actualmente, el mandatario peruano afronta cinco investigaciones preliminares de la Fiscalía por casos de presunta corrupción, delitos de organización criminal o tráfico de influencias, entre otras. 

Para que la propuesta presentada este martes prospere y sea un hecho, debe ser evaluada y votada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En caso de ser aprobada, el Congreso tendrá que pasar a debatirla para tomar la última decisión.

A pesar de la tensa relación con el Congreso, el 28 de marzo de este año fue absuelto luego de obtener 55 votos para que saliera de los 87 que se necesitaban para que se apartara de su cargo. 

Entre escándalos e inestabilidad política, Pedro Castillo continuará su fracturado mandato mientras las instituciones competentes realizan las investigaciones por los casos en los que se le acusa.