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La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó este lunes (18.01.2021) en segunda legislatura una enmienda constitucional que permitirá la cadena perpetua por "delitos de odio" definidos en términos generales.

La reforma constitucional fue ratificada con el voto de los 70 legisladores sandinistas y sus aliados, que tienen control absoluto del Parlamento, durante una sesión especial celebrada en la norteña provincia de Matagalpa.

La pena de prisión perpetua en Nicaragua, que será revisable, será aplicada de forma excepcional para la persona condenada por delitos graves cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación o repugnancia en la comunidad nacional, según la enmienda.

La Constitución Política fijaba en 30 años la pena máxima en Nicaragua. La ley de la materia, es decir el Código Penal, que también tiene que ser reformado, determinará y regulará su aplicación.

Los diputados la habían aprobado el pasado 11 de noviembre pero, por tratarse de una enmienda de rango constitucional, la ley exige repetir el procedimiento en una segunda legislatura. El actual período legislativo inició el 9 de enero.

"Buscan venganza, no justicia"

Los legisladores oficialistas defendieron la reforma señalando que busca proteger a jóvenes mujeres de agresores sexuales y asesinos, y que tuvo un "apoyo sin precedentes” porque el partido de gobierno presentó tres millones de firmas para respaldar su aprobación.

Sin embargo, entre los adversarios del sandinismo la ley se interpreta como un nuevo instrumento de la dictadura de Daniel Ortega para castigar a la oposición, a más de dos años de las protestas sociales que estallaron en abril de 2018.

El propio Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han calificado las acciones de activistas y grupos opositores como "crímenes de odio”, delitos que según los diputados oficialistas merecen castigarse con cadena perpetua.

El abogado y exdiputado José Pallais, dirigente de la opositora Coalición Nacional, rechazó la nueva ley y advirtió que el objetivo del gobierno "no es buscar justicia, es buscar venganza política”.

gs (efe, afp, ap, La Prensa)

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