Persisten las barreras al trabajo de personas con discapacidad
Se calcula que hay 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo, pero casi 7 de cada 10 de esas personas una vez adultas son inactivas. En Bolivia la tasa de inactividad laboral de esas personas es del 58%
Las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, se enfrentan a enormes barreras que les impiden participar en el mercado laboral y recibir formación, según las últimas estadísticas publicadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Se calcula que hay 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo, 15% de la población total, pero casi siete de cada 10 de esas personas una vez adultas son inactivas (es decir, ni trabajan ni buscan trabajo), en comparación con cuatro de cada 10 de las personas sin discapacidad.
Además, una gran parte de las personas con discapacidad en los países en desarrollo tienen empleos informales y más probabilidades de trabajar por cuenta propia.
En la mayoría de los países de los que se dispone de datos, las personas con discapacidad ganan menos dinero al mes que las que no la tienen.
Por ejemplo, en Bolivia la tasa de inactividad laboral es del 58% en las personas con discapacidad y 29% entre las que no la tienen; en Chile la diferencia es de 65 a 38%, en Colombia de 44 a 33%, en Costa Rica de 77 a 41%, en Perú de 51 a 27%, y en Suriname de 58 a 42%.
Fuera de la región, están los ejemplos de Estados Unidos, donde la diferencia en esa tasa es de 79 a 23%, en Egipto de 83 a 58%, en Israel de 76 a 30%, en Nigeria de 73 a 44%, y en Tailandia de 69 a 29%.
En diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual consagra “el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás”.
Ello incluye “el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad”.
La Convención prohíbe todas las formas de discriminación en la ocupación, reclama entornos de trabajo más acomodados y exige a los Estados partes que promuevan el acceso a la formación profesional y a las oportunidades de trabajo por cuenta propia.
Los datos estadísticos recogidos por la OIT muestran que la tasa de actividad de las personas con discapacidad es muy baja, y aún más para las mujeres, que enfrentan así una doble desventaja.
En los 60 países de los que se dispone de datos, la tasa de inactividad de las mujeres con discapacidad no solo era superior a la de las mujeres sin discapacidad, sino también a la de los hombres con y sin discapacidad.
Una gran parte de las personas con discapacidad de los países en desarrollo tienen empleos informales, caracterizados por la falta de seguridad y de prestaciones.
En tres cuartas partes de los países de los que se dispone de datos, las personas con discapacidad tienen más probabilidades que las que no la tienen de trabajar en el sector informal, y más probabilidades de laborar por cuenta propia o como trabajadores familiares auxiliares.
Eso refleja las escasas oportunidades que tienen de encontrar trabajos remunerados, y los que sí los tienen ganan menos dinero al mes que las personas sin discapacidad, lo que repercute directamente en su poder adquisitivo y nivel de vida.
Las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad para acceder al trabajo empiezan pronto: los jóvenes de entre 15 y 29 años con discapacidad tienen hasta cinco veces más probabilidades de estar fuera del sistema educativo y de no estar en ocupación o en formación, que sus compañeros sin discapacidad.
La tasa de ninis (ni trabajan, ni estudian, ni están en formación laboral) de las mujeres jóvenes con discapacidades es incluso mayor que la de los hombres jóvenes con discapacidades, lo que sugiere que existen más barreras para su participación en el mercado laboral, así como en las instituciones educativas y de formación.
La OIT reivindica el desarrollo de programas o iniciativas específicas para las personas con discapacidad, destinadas a superar desventajas o barreras concretas.
Asimismo, garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en los servicios y actividades generales, como la formación en habilidades, la promoción de ocupación, los planes de protección social y las estrategias de reducción de la pobreza.
