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La Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) y la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) rechazaron este sábado (02.05.2020) "la interceptación ilegal y seguimiento a periodistas" por parte del Ejército.

Según una investigación publicada por la revista Semana, miembros de la inteligencia militar espiaron hasta hace pocos meses a por lo menos 130 personas, entre ellas periodistas nacionales y extranjeros que habitualmente cubren el conflicto armado y la corrupción militar.

"Manifestamos nuestro rechazo enfático a los seguimientos, perfilamientos, escuchas, interceptaciones y vigilancia a periodistas nacionales y extranjeros por parte del Ejército colombiano", aseguraron en un comunicado conjunto las dos organizaciones. Las entidades consideran que esas actuaciones "constituyen graves violaciones al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Constitución Política de Colombia".

Semana reveló que el Ejército elaboró perfiles de periodistas nacionales e internacionales que incluyen gráficos sobre sus contactos, movimientos, publicaciones e incluso de sus seguidores en las redes sociales. La denuncia -construida a partir de la investigación y análisis de decenas de documentos y entrevistas- reveló que el espionaje tuvo lugar entre febrero y diciembre de 2019, cuando el comandante del Ejército era el cuestionado general Nicacio Martínez, que pasó a retiro a finales de ese año.

La APIC y RSF solicitaron garantías de seguridad para los periodistas Federico Ríos, Nicolás Bedoya, Juan Forero, Andrés Cardona, Stephen Ferry, Christian Escobar, Ernesto Mercado y los demás mencionados en la investigación.

Las asociaciones pidieron lo mismo para la Liga Contra el Silencio y Rutas del Conflicto, dos medios de comunicación alternativos enfocados en temas de memoria del conflicto armado y víctimas. Según las organizaciones, tanto el Ministerio de Defensa como el Gobierno Nacional conocían desde al menos el 13 de enero pasado "de estas acciones contrarias a la ley y nunca informaron de la situación a los directos afectados".

Ambas entidades también exigieron al Ministerio de Defensa que revele qué unidad realizó las labores de inteligencia, bajo qué órdenes, con qué fines y quiénes eran los destinatarios de dicha información. Además, pidieron a la autoridad que entregue a los periodistas afectados una copia total del contenido interceptado y que se les notifique las acciones que tomarán las autoridades para que cesen estas prácticas.

La APIC y RSF solicitaron a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación que lleven a cabo las investigaciones y sanciones a que haya lugar. Ambas organizaciones recibieron el respaldo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y del Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

ama (efe, rsf, Semana)

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