Presidente de Ecuador emite decreto-ley para crear nuevas zonas francas y promover la inversión
Las nuevas medidas de Lasso surgen una semana después de disolver el Parlamento ecuatoriano. Intenta promover la economía
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, emitió este martes un decreto-ley para crear nuevas zonas francas en áreas deprimidas y fronterizas, con miras a promover la inversión, el empleo y el desarrollo productivo.
Tras disolver hace una semana el Parlamento para dar paso a elecciones generales anticipadas, que se darán en tres meses, el mandatario puede gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
En un acto celebrado en la sede de gobierno en Quito, Lasso suscribió su segundo decreto-ley que contempla reformas a varias leyes para la creación de nuevas zonas francas que ofrecerán excepciones tributarias en actividades productivas, industriales, de servicios y logísticas, según el Ejecutivo.
Las reformas apuntan a la exoneración del impuesto a la renta por hasta 15 años para las regiones fronterizas, así como de otros tributos como el IVA.
En Ecuador hay pequeñas zonas francas, que operan en Quito y el puerto de Guayaquil (suroeste).
Inmediatamente después de disolver el opositor Congreso el último miércoles, Lasso emitió su primer decreto-ley: pidió a la Corte Constitucional dar luz verde reformas tributarias para ampliar los deducibles para el cálculo del impuesto a la renta de trabajadores, que beneficiará a unos 340.000 contribuyentes de clase media, de acuerdo al gobierno.
También impulsa fijar un tributo de 15% para las casas de apuestas deportivas.
En agosto deberán celebrarse elecciones anticipadas de presidente y diputados para completar el actual período de cuatro años (hasta mayo de 2025).
Lasso, cuya credibilidad cayó a 10% en dos años, podrá candidatizarse.
A pesar de la inseguridad ligada al narcotráfico, Ecuador vive en calma tras la disolución del Legislativo, que tradicionalmente registra una alta desconfianza ciudadana.
La credibilidad institucional en la Asamblea Nacional disuelta era de 2%, según la encuestadora privada Perfiles de Opinión.
