Las víctimas del Gobierno proceden, mayormente, de los sectores más pobres de la sociedad. No son poderosos narcotraficantes ni jefes de sindicatos de la droga, sino personas cuyos nombres fueron incluidos en una “lista negra”, por presuntamente consumir o vender drogas.

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15 de junio de 2021, 11:16 AM
15 de junio de 2021, 11:16 AM

Por RFI

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, "nunca va a cooperar" con una investigación del Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre la mortal guerra contra las drogas en el país asiático, dijo este martes su portavoz. La fiscal del TPI ha pedido una investigación sobre los operativos antidrogas del mandatario filipino que han dejado más de 6.000 muertos.

Elegido en 2016 con la promesa de liberar al país de la droga, Duterte fue muy tajante a través de su portavoz, reiterando que no iba a cooperar con el Tribunal Penal Internacional ya que este no tiene jurisdicción sobre Filipinas.

El país se retiró del foro en 2019, luego de que la corte iniciara una evaluación preliminar sobre la guerra contra las drogas emprendida por el mandatario filipino, en las que más 6.000 personas han muerto en los operativos. Organizaciones de derechos humanos afirman que el número de víctimas podría ser  incluso varias veces superior a los datos oficiales.

Amnistía Internacional denuncia que prácticamente todos los días llegan a los depósitos familias en busca de los cadáveres abandonados de sus seres queridos.

Las víctimas proceden, en su inmensa mayoría, de los sectores más pobres de la sociedad. No son poderosos narcotraficantes ni jefes de sindicatos de la droga, sino personas cuyos nombres fueron incluidos por los cabecillas políticos locales en una “lista negra”, por presuntamente consumir o vender drogas.

La Fiscal jefe del TPI Fatou Bensouda pidió una  investigación sobre estos hechos, pedido que el portavoz del gobierno filipino, Harry Roque, calificó de insulto.

"Nos compararían con países como Darfur, lugares donde no hay un gobierno funcional. Eso no está bien", declaró Roque.

Bensouda, que esta semana deja su cargo, estima en cambio que el TPI sí puede investigar sobre hechos ocurridos en Filipinas antes de su retiro en 2019.