Primera audiencia judicial masiva en El Salvador contra cabecillas de pandilla MS-13

Un tribunal de El Salvador celebró este jueves una audiencia virtual de imposición de medidas contra 492 cabecillas de la temida Mara Salvatrucha (MS-13), acusados de miles de delitos, entre ellos más de 500 homicidios. 


La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró en la red social X que los líderes de la MS-13 están "vinculados a 37.402 delitos, cometidos entre 2012 y 2022".


"A este corporativo se les está atribuyendo más de 500 homicidios, desaparición de personas, extorsiones, tráfico de armas, trata de personas", dijo el subdirector fiscal contra la criminalidad, Max Muñoz, en un video difundido por la fiscalía.


Muñoz aseguró que también se les acusa del "delito de rebelión en perjuicio del sistema democrático de El Salvador" por "haberse alzado en armas con el fin de controlar parte del territorio" salvadoreño, el 80% según el gobierno.


Los pandilleros están señalados también de "cobrar impuestos, ejercer su propia justicia y tener un grupo armado para la consecución de tales fines", agregó el fiscal.


La audiencia se celebró cuatro días después de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, autoproclamara su reelección con un 85% de los votos, gracias a su "guerra" contra las pandillas que redujo a su mínima expresión los homicidios.


"Mañana (viernes) conoceremos la resolución del juez", dijo tras finalizar la jornada de este jueves el fiscal general, Rodolfo Delgado, en la red social X.


Los cabecillas "sembraron el terror" por décadas y "pagarán por cada vida" segada, aseguró.



- "En un mismo saco" -
El país vive desde hace dos años bajo un estado de excepción que provocó la detención de casi 76.000 personas sin orden judicial, de los que más de 7.000 fueron liberados por ser inocentes.


Organismos de derechos humanos critican el régimen de excepción pues denuncian "detenciones arbitrarias", "torturas" y "muertes" en prisión.


Para el coordinador de la ONG Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro, "los juicios colectivos dejan muchas dudas", cuando lo pertinente sería "individualizar" responsabilidades.


"Si se comprueba que son líderes y que han cometido delitos graves contra la población, me parece a mí que deben sufrir un juicio justo y que realmente los puedan condenar", subrayó.


Montenegro recordó que el problema de los juicios colectivos es que en el marco del régimen de excepción, se detiene a personas inocentes sin orden judicial y "se mete en un mismo saco a todos", sin derecho a tener un defensor.



- Los "ranfleros" -
Para realizar la audiencia, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador estableció "conexión" por internet con 10 centros penales donde se encuentran recluidos los mareros, entre ellos la megacárcel que inauguró Bukele hace un año.


El fiscal precisó que entre los procesados figuran 24 cabecillas de la "ranfla histórica" (máxima estructura), 215 ranfleros y 253 "corredores de programas" (responsables de varías células en una región).


Muñoz explicó que de los 215 "ranfleros", 166 se encuentran en presidios y 49 "en la libre".


"Consta en las investigaciones que cada delito cometido por cada miembro de pandilla debía ser ordenado y avalado por los cabecillas", aseguró la Fiscalía.


Nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, a las pandillas el gobierno les atribuye unos 120.000 homicidios en casi tres décadas, superando los 75.000 muertos que dejaron doce años de guerra civil (1980-1992).


Tras el fin de la guerra, los salvadoreños empezaron a vivir bajo el terror de las pandillas MS-13 y su rival Barrio 18 con sus dos facciones Sureños y Revolucionarios, que juntas llegaron a sumar unos 100.000 miembros.


El submundo de las pandillas opera jerárquicamente y en "clicas" o "canchas" (células) que controlaban barrios donde imponían un implacable código para someter a los habitantes y extorsionar hasta a las vendedoras de tortillas.


Las pandillas tienen su propio lenguaje y en un inicio su distintivo eran los tatuajes en muchos casos de pies a cabeza, y los grafitis o "placazos" que colocaban en paredes o muros para marcar territorio. El gobierno borró la mayoría de esos símbolos.


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