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Sindicatos y otros grupos de la sociedad desafiaron las restricciones por el coronavirus y organizaron marchas este lunes en varias ciudades del Ecuador, en protesta por las últimas medidas económicas del gobierno para enfrentar la pandemia.

"Esta protesta es porque el gobierno bota trabajadores para no cobrar a los ricos", manifestó a la prensa el dirigente Mecías Tatamuez, del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor organización gremial ecuatoriana.

Bajo supervisión policial y sin registrarse incidentes, unas dos mil personas marcharon en Quito ondeando banderas, portando carteles y gritando consignas contra el gobierno del presidente Lenín Moreno. 

Aunque no en todos los casos, los manifestantes usaban mascarillas y respetaron el distanciamiento recomendado, para evitar el contagio del coronavirus que ha provocado más de 37.300 casos, incluidos 3.200 muertos. Las autoridades también reportan unos 2.020 fallecidos probablemente por el virus. 

Desde que el 29 de febrero se detectó el primer caso de covid-19 en Ecuador, el Estado ha perdido unos 8.000 millones de dólares a causa de la paralización de actividades dispuesta para promover el confinamiento y evitar la propagación, según el Ejecutivo.

Moreno en su informe del tercer año de gobierno, el domingo, señaló que desde que se activó la emergencia sanitaria por la pandemia se han "perdido 150.000 empleos".

Para enfrentar la crisis económica y ahorrar unos 4.000 millones de dólares, el presidente ordenó cerrar embajadas, reducir el personal diplomático y eliminar empresas estatales. Redujo el 25% de la jornada laboral de los servidores públicos y con ello descontó el 16% de los ingresos.

Además, el Congreso ecuatoriano aprobó una ley que prevé la reducción de hasta un 50% de las horas de trabajo y recortes de hasta el 45% del salario, lo cual despertó el descontento de los sindicatos. 

"No puede ser justo que en el caso de pandemia, donde se vive una crisis humanitaria, el gobierno despida a los trabajadores, incremente y pretenda quitar el subsidio a los combustible, reduce el presupuesto a la educación", cuestionó ante la AFP Cristina Sachaguay, psicóloga de 31 años.

Hubo similares movilizaciones en otras ciudades del país.