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El opositor venezolano es reconocido por más de 50 países con un largo título conferido en enero de 2019: “Presidente interino de Venezuela, encargado de organizar elecciones libres”. Sin embargo, luego de dos años, esa misión aún no se ha cumplido y la posición de Guaidó - más debilitada que nunca por una evidente decepción popular- ahora se ve amenazada por la elección de una nueva Asamblea Nacional este 6 de diciembre, un proceso contestado por la oposición que denuncia falta de transparencia.

La pregunta entonces es pertinente: ¿cómo queda Juan Guaidó después de estas elecciones legislativas? Recordemos que su llegada a la posición de presidente interino es posible gracias a su puesto de diputado y presidente de la Asamblea Nacional. Si el órgano legislativo cambia y Guaidó, en consecuencia, pierde la presidencia parlamentaria, su presidencia interina del país se vería comprometida o incluso anulada.

Para salir al paso, la enviada especial de Juan Guaidó en Francia, Isadora Zubillaga, entrevistada por RFI, evoca la figura de la “continuidad institucional”, que significa prolongar indefinidamente el periodo de actividad de la actual Asamblea Nacional, haciendo caso omiso de la elección legislativa del 6 de diciembre convocada por Maduro, por considerarla ilegítima.

“El domingo se realizó un fraude electoral. Se eligió una nueva Asamblea Nacional usurpadora que no será reconocida por los venezolanos, primeramente, pero tampoco será reconocida por la comunidad internacional”, dice Zubillaga.

No habrá una transferencia de poder hacia una nueva asamblea ilegítima el 5 de enero de 2021 (día de la instalación del nuevo período parlamentario) y eso tiene un asidero en la Constitución de Venezuela. La actual Asamblea Nacional seguirá siendo el órgano legislativo avalado por 14 millones de votos depositados en 2015 y Juan Guaidó, como presidente de interino, deberá convocar a nuevas elecciones.

La Constitución no contempla la continuidad legislativa

Los artículos de la Constitución venezolana que la oposición esgrime como argumento para esta “continuidad institucional” son los 2, 3, 7, 233 y 333. Pero al leer minuciosamente cada texto, no se encuentra realmente una base que sostenga de manera específica una prolongación del periodo constitucional de la Asamblea Nacional, mucho menos en un escenario de elecciones denunciadas como fraudulentas.

Y es que, para cualquier país sería muy difícil prever -a nivel constitucional- un contexto tan complicado.

Lo que se infiere, entonces, es que Juan Guaidó y su equipo hacen una interpretación política de la Carta Magna, adaptada a la situación: el 5 de enero se declararía un “vacío de poder legislativo” al considerar que una asamblea elegida ilegalmente es una asamblea inexistente. El “viejo Parlamento” permanecería en su puesto para cubrir esta vacante, hasta la celebración de elecciones transparentes.

Una adaptación jurídica que pasaría también por la reforma del Estatuto de la Transición Democrática, el documento firmado por la directiva de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó. Este texto deberá cambiar, entre otras cosas, la vigencia del periodo de la Asamblea Nacional, la fecha de convocatoria a elecciones presidenciales y la designación de rectores del Consejo Nacional Electoral.

La continuidad en el terreno

El verdadero desafío de Guaidó no es jurídico sino práctico. Aún si la oposición lograra encontrar la rendija legal que sostenga la continuidad institucional del Parlamento, es sumamente difícil que, en el terreno, el Gobierno de Nicolás Maduro le permita ese ejercicio.

Recordemos que el 5 enero de 2020, día de la instalación del Parlamento, la sede legislativa amaneció militarizada. Las imágenes de Juan Guaidó intentando saltar el portal de la Asamblea Nacional le dieron la vuelta al mundo.

Una ocupación agresiva que se mantuvo al menos por dos semanas y que impedía a los diputados ingresar a la sede. Los llamados ‘colectivos’, grupos armados afectos al oficialismo, también rodearon el hemiciclo, incluso atacando a los diputados Carlos Berrizbeitia, Angelo Palmeri, Carlos Prosperi y Delsa Solórzano.

También es preciso recordar que, desde la instalación de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, en agosto de 2017, los espacios del Palacio Legislativo han sido mayormente ocupados por ese organismo, desplazando tanto física como políticamente a la Asamblea Nacional. Una situación que podría repetirse ahora que existirá un nuevo Parlamento electo el 6 de diciembre.

A estos episodios se suman igualmente las 135 sentencias que el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido contra el Parlamento desde 2015 y que han causado prácticamente su parálisis.

En resumen, los poderes militar, político y jurídico han demostrado ya suficientemente que son capaces de actuar de manera implacable para bloquear a la Asamblea Nacional controlada por la oposición. No es difícil adivinar que repetirán la receta en 2021.

El papel de la comunidad internacional

En este contexto, el apoyo internacional será clave para decidir la supervivencia política de Guaidó y del Parlamento de 2015. Su equipo espera que los casi 60 países que hoy lo reconocen como presidente interino de Venezuela, mantengan ese reconocimiento.

Algunas posiciones ya se conocen abiertamente : la misión diplomática de la Unión Europea enviada a Venezuela en el mes de octubre, concluyó que no existían garantías para las elecciones legislativas del 6 de diciembre y advirtió que no reconocería los resultados, ni a la Asamblea Legislativa que resultara elegida, si no se postergaban los comicios para mediados de 2021.

Por su parte, Francia, a través de su canciller Jean Yves LeDrian, sostiene que las elecciones legislativas del 6 de diciembre “se hacen sin transparencia y en un contexto de represión contra la oposición y de violación de derechos humanos".

En el seno de la OEA, se aprobó por 21 votos una resolución que desconoce las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre por no reunir “las condiciones mínimas democráticas” de acuerdo con los estándares internacionales. El documento también reconoce “la legitimidad de la Asamblea Nacional democráticamente electa” en referencia a la que encabeza actualmente Juan Guaidó.

Sin embargo, más allá de la legitimidad de origen, la presidencia interina de Guaidó solo podrá sobrevivir si arroja resultados concretos, especialmente en lo que a organización de elecciones libres y resolución de la crisis se refiere. Luego de dos años y un fuerte desgaste, la retórica diplomática no será suficiente para mantener su posición.

(Tomado de Radio Francia Internacional)



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