El juez Bonadio pidió el desafuero de la expresidenta de Argentina, actual senadora, para que pueda ser procesada con detención preventiva por el caso AMIA

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8 de diciembre de 2017, 7:14 AM
8 de diciembre de 2017, 7:14 AM

En 1994, un ataque terrorista con coche bomba causó la muerte de 85 personas en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, una de las regiones con la comunidad judía más grande de América Latina.

Se trató de uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en Argentina y el mayor ataque sufrido por judíos desde la Segunda Guerra Mundial.

A más de 20 años de ese suceso, Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y actual senadora, resulta implicada por haber supuestamente favorecido el encubrimiento de terroristas iraníes en el caso AMIA.

La situación se agravó cuando el fiscal que la denunció, Alberto Nisman, murió en circunstancias aún sin aclarar a cuatro días después de denunciar a Fernández y algunos de sus colaboradores en 2015.

Para el juez Bonadio, Cristina Kirchner y los otros procesados con la firma del pacto con Irán cometieron el delito de traición a la Patria pero no en la acepción clásica de tomar las armas contra la Argentina, sino en la de unirse “a los enemigos, prestándoles ayuda y socorro”.

En su resolución, el juez equiparó los atentados terroristas contra la AMIA con actos de guerra de agresión, señala el diario Clarín. 

En la introducción, sostuvo que los procesados “coadyuvaron a lograr los objetivos de una potencia extranjera -Irán- que está demostrado judicialmente que ordenó/organizó/financió/ instigó dos actos de guerra en el territorio nacional, contra ciudadanos argentinos desarmados e inocentes, y que han sido declarados delitos de "lesa humanidad".

Pero la política de estado a través de la cual todos los presidentes apoyaron la acusación de la justicia de que Irán era el autor intelectual del atentado contra la AMIA cambió, dice el juez, con Cristina Kirchner.

“Este panorama empieza a cambiar radicalmente, por lo menos a partir de enero de 2011, oportunidad en que comenzaron a exteriorizarse los primeros signos de la maniobra concertada entre los imputados y funcionarios del gobierno iraní, mediante la cual se quebrantó la lealtad que éstos debían a la Nación en razón de sus cargos, y particularmente, a los familiares de las víctimas de este atroz atentado”, explicó, citado por el mismo diario argentino.