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El rey emérito español Juan Carlos I abonó 678.393 euros (unos 820.000 dólares) al fisco para saldar una deuda tributaria generada tras haber realizado una declaración extraordinaria, informó su abogado en un comunicado difundido este miércoles.

El monarca, que abdicó en 2014, se exilió en agosto a Emiratos Árabes tras multiplicarse las  sospechas de que mantiene una fortuna oculta en el extranjero, motivo por el que es objeto de investigaciones judiciales en España.

"El Rey Juan Carlos (...) ha procedido a presentar ante las Autoridades Tributarias competentes, una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72€ incluyendo intereses y recargos", indicó su abogado Javier Sánchez-Junco en un comunicado.

En este texto, el letrado también indica que su cliente "continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos".

Según el diario El País, que el domingo había avanzado este movimiento, esta declaración tributaria busca poner en orden la situación financiera del exmonarca en relación a una investigación por el uso de tarjetas de crédito con fondos opacos por la que podría ser procesado.

En noviembre se conoció que la fiscalía anticorrupción indagaba si Juan Carlos I había usado cuentas bancarias a nombre de terceros con fondos de origen desconocido, lo que podría constituir un posible delito de blanqueo.

Fuentes jurídicas indicaron entonces que las cuentas investigadas estaban controladas por una empresa mexicana y un oficial de la Fuerza Aérea española.

El monarca podría ser procesado por esta causa, ya que el movimiento de fondos y el uso de estas tarjetas se produjeron después de su abdicación en junio de 2014, cuando perdió la inmunidad que tenía como jefe de Estado.

Hace cuatro meses que Juan Carlos I, cuyas finanzas están siendo investigadas en otros dos casos, se fue a vivir a Emiratos Árabes Unidos. 

La primera investigación se abrió hace dos años, cuando los fiscales examinaron un contrato de un tren de alta velocidad en Arabia Saudita,  ganado por un consorcio de empresas españolas en 2011, para saber si el entonces monarca cobró una comisión.

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