Escucha esta nota aquí

Javier López Biscayart, juez argentino en lo Penal Económico, dejó este lunes la investigación de la denuncia por contrabando contra el expresidente de su país, Mauricio Macri, por el envío de municiones a Bolivia tras la caída de Evo Morales, informó el diario La Nación. El caso quedará en manos de su colega Alejandro Catania.

López Biscayart, según el mismo diario, dijo que durante la feria judicial había tomado las primeras medidas de prueba en el expediente, pero que una denuncia similar por los mismos hechos y con los mismos imputados ingresó minutos antes en el juzgado de su colega. Por eso declinó la competencia y envió el caso a Catania.

Ahora Catania puede aceptar la competencia o rechazarla, y si sucede lo segundo, entonces se plantearía un conflicto que debería resolver la Cámara de Apelaciones en lo penal Económico.

Según el magistrado, su causa se inició el 13 de julio de 2021 -a las 8:01-, por una denuncia presentada, mediante un correo electrónico que ingresó a las 16:27 del día anterior, ante la Mesa de Entradas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Era una denuncia de las máximas autoridades de tres altas reparticiones del Poder Ejecutivo: los ministros Sabina Frederic (Seguridad), Martín Soria (Justicia) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

En tanto, la causa de Catania se sorteó el 13 de julio del 2021 a las 7:48. Esa denuncia, que fue presentada por el excamarista Eduardo Freiler, ingresó mediante un correo electrónico que fue recibido por la Mesa de Entradas del fuero el 12 de julio, a las 13:47.

En ambos casos interviene el fiscal Claudio Navas Rial, que requirió investigar al denuncia y propuso las primeras medidas de prueba.

Navas Rial enumeró como imputados en el caso al expresidente Macri y a sus exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa). También, al exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García, al exdirector de la Gendarmería Gerardo José Otero, al exdirector de Logística de la Gendarmería Rubén Carlos Yavorski y al exdirector de Operaciones de esa fuerza Carlos Miguel Recalde.

El fiscal circunscribió su requerimiento a delitos vinculados con lo aduanero. No incluyó, a diferencia de lo planteado por el Poder Ejecutivo, las figuras de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad ni “los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”.

Tampoco incorporó en su lista de imputados al excanciller Jorge Faurie ni a los exdirectores Diego Dávila, de la Aduana, y Eugenio Cozzi, de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que sí integran la nómina de los denunciados por el Gobierno.

El Gobierno acusó a Macri, tres de sus ministros y otros exfuncionarios de haber enviado armamento a Bolivia, en noviembre de 2019, para "consolidar la caída de Evo Morales y colaborar con las fuerzas armadas y de seguridad en la represión de las protestas".

La denuncia tuvo como base una carta que hizo pública la cancillería boliviana que le habría enviado el exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros Lara (hoy preso) el 13 de noviembre de 2019 al entonces embajador argentino Álvarez García agradeciéndole “la colaboración” y comunicándole el recibo de una serie de elementos que detallaba y definía como “material bélico”.

Terceros Lara negó que la carta fuera auténtica y Álvarez García dijo no haberla leído, pero un agregado naval cuya firma aparece en la copia de la carta que tiene la FAB reconoció que esa rúbrica era suya; es decir, que él la había recibido.

Comentarios