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Después de años de retraso, la red de corrupción internacional que rodea a la empresa constructora brasileña Odebrecht ahora también está siendo investigada por la Justicia en México. Las investigaciones del nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podrían poner al ex presidente Enrique Peña Nieto tras las rejas. Al menos si se confirma el testimonio del testigo clave Emilio Lozoya, quien en una primera audiencia el martes dijo que Peña Nieto y su ministro de finanzas Luis Videgaray, ambos del ahora opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), le habían ordenado aceptar los sobornos pagados por la empresa brasileña.

El dinero, según la fiscalía, terminó en las arcas de la campaña del PRI y fue utilizado para comprar votos con el fin de obtener la mayoría calificada necesaria en el Congreso para aprobar la reforma energética. A cambio, Odebrecht recibía lucrativos contratos de la empresa petrolera estatal mexicana Pemex, cuyo director en ese momento era Lozoya. Según la fiscalía, Lozoya nombró cuatro testigos como prueba y presentó documentos y grabaciones de vídeo.

Acción policial en Alemania

Supuestamente se han malversado 500 millones de pesos (poco menos de 19 millones de euros) de esta manera. Algunos medios ya habían publicado pruebas del plan de corrupción hace años, pero las investigaciones se retrasaron repetidamente. El caso está levantando olas hasta en Alemania: el martes, un apartamento en Múnich y una casa en el lago Starnberg de la esposa alemana de Lozoya, Marielle Eckes, una heredera de la dinastía Granini, fueron registrados por las autoridades alemanes. Se cree que la pareja también tiene bienes ocultos en Suiza. En ambos países hay investigaciones por blanqueo de dinero.

Tras el cambio de gobierno en México, en diciembre de 2018, Lozoya se escondió en Europa. España lo entregó el mes pasado. Esto había sido precedido por negociaciones entre la oficina del fiscal mexicano y el ex empleado del Banco Interamericano de Desarrollo, que intercambió sus conocimientos por un generoso programa de indulgencia. Después de su llegada no fue enviado a la cárcel, sino que fue trasladado a un hospital y de allí a arresto domiciliario, donde, según los informes de prensa, organizó una gran fiesta.

Reacciones en México

Las reacciones en México fueron variadas. Los partidarios del gobierno celebraron la investigación como un gran paso para aclarar la corrupción sistemática del gobierno anterior. Los observadores independientes temen un circo judicial. En el periódico económico "Expansión", la experta en energía Miriam Grunstein sospechaba que el presidente López Obrador buscaba un pretexto para revertir la apertura del sector energético. "Tengo dudas de que el proceso sirva para combatir la corrupción o sea una señal de fortalecimiento del poder judicial", escribió. Los nombres mencionados hasta ahora son muy selectivos y apuntan a un acuerdo político.

El caso Lozoya sería una táctica para distraer de la recesión, el aumento de la delincuencia violenta y la mala gestión de la pandemia, que hasta ahora se ha cobrado casi 54.000 vidas en México, según sospecha el abogado y asesor político Oswaldo Ríos. Especialmente con vistas a las elecciones parciales del próximo año, López Obrador necesita urgentemente un tema atractivo de campaña electoral. Su popularidad es actualmente del 58%, pero la de su discutida alianza de campaña electoral Morena es significativamente menor. Luchar contra la corrupción y rescatar a la sobre endeudada petrolera estatal Pemex son las promesas más populares de López Obrador.