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"¡Ya no va a pasar el tren!", celebra Guadalupe. "¡Perdimos, no habrá modernidad!", responde Rubén. Este careo entre vecinos expone las dicotomías sobre el Tren Maya, la megaobra turística que busca redimir a una de las regiones más empobrecidas de México.

Guadalupe Cáceres, de 64 años y quien demandó legalmente la obra, aplaude que la ruta fuera modificada y no tenga que desalojar su casa, levantada al borde de una vía férrea en desuso en Campeche (sureste).

Sobre esa línea se construirá 40% del tren eléctrico, que debe extenderse por 1.554 km en la Península de Yucatán.

El desvío frustra a Rubén Angulo, de 49 años, quien aspiraba a ser reubicado en una vivienda nueva y beneficiarse del medio millón de empleos que promete la obra.

"Sí va a haber (modernidad), pero no a costa de mi casa", le dice Guadalupe a Rubén desde los rieles del viejo ferrocarril, cuya construcción implicó demoler la casa de sus abuelos hace ocho décadas.

Sin embargo este modesto cerrajero se lamenta: "Da tristeza que todos los proyectos se brinquen Campeche".

El presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió la construcción del tren apenas asumió en 2018, convencido de que disparará el turismo en los estados que cruzará (Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo).

La pobreza en la región, de 13 millones de habitantes, promedia 50%, y en Chiapas llega a 75%. La zona posee atractivos como milenarios pueblos y pirámides mayas, pero están lejos de las ciudades o el transporte es deficiente.

"Es un acto de justicia", afirma el mandatario izquierdista, que invierte unos 10.000 millones de dólares en su obra insignia, de las más importantes en desarrollo en Latinoamérica.

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