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Un nuevo movimiento se produjo en el ajedrez judicial de la extradición de Alex Saaba. El Tribunal de Barlovento, un grupo de islas de Cabo Verde, decidió aprobar el viernes 31 de julio la extradición del empresario colombiano, señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro por Estados Unidos. 

En ese país enfrenta cargos por lavado dinero, al igual que en Colombia, donde ya le han confiscado varias propiedades. La defensa de Saab, encabezada por el estudio de abogados del exjuez Baltasar Garzón, anunció este martes que apelará el fallo ante la Corte Suprema dentro de los próximos 10 días.

El equipo de Garzón denunció que se negó a Saab el derecho a declarar ante la Corte. “A pesar de que dicho Tribunal ya había dictado la resolución, esta no la notificó hasta el día de ayer [lunes 3 de agosto]”, dice en un comunicado. “El señor Saab estaba esperando la fecha de la audiencia prescrita por la ley, en la que ejercer, con igualdad de armas, su derecho de defensa. Esta decisión viola el debido proceso, dejándolo sin posibilidad de defensa en esta instancia”, agregan los abogados.

La defensa alega que se ha decidido de forma arbitraria para ejecutar la entrega “al agente perseguidor por razones políticas”, en referencia a Estados Unidos. El principal argumento de los abogados es que Saab actuaba como un enviado especial del Estado venezolano, por lo que el derecho internacional lo protege. 

El empresario fue detenido, a raíz de una alerta roja de Interpol, cuando aterrizó en Cabo Verde en una parada técnica de un viaje en busca de suministros para Venezuela. Rutsel Silvestre Jacinto, miembro del equipo defensor, explicó en la emisora colombiana Blue Radio que Saab frecuentemente ejecutaba misiones diplomáticas en nombre del Gobierno de Nicolás Maduro, porque muchos de sus funcionarios están sancionados por Washington. Sin embargo, el colombiano también está incluido en las listas del Tesoro desde junio de 2019.

En caso de que la apelación de la defensa falle, se presentará una solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional. Los abogados ya habían intentado dos habeas corpus para liberar a Saab que fueron negados. “Esta decisión ha sido tomada de forma parcial, basándose exclusivamente en las alegaciones de los fiscales y laminando los derechos de la defensa del señor Saab”, añade el comunicado.

La ministra de Justicia de Cabo Verde, Janine Lélis, señaló que la decisión sobre la solicitud de extradición de Saab se basó en una opinión del Ministerio Público en la que el Gobierno “no se entromete”. “Cabo Verde tiene el deber de cooperar. Este deber es más fuerte cuando se trata de asuntos relacionados con delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Respondimos a una solicitud de colaboración internacional y desde entonces el proceso continúa su curso judicial”, explicó en la prensa local.

Hasta su detención, Saab había estado en las sombras del Gobierno venezolano. Nunca antes se le había reconocido como agente político, como lo señaló el canciller Jorge Arreaza cuando rechazó enérgicamente la detención. A aquella declaración le siguió la movilización de los aliados internacionales de Maduro para presionar por su libertad.

Saab inició sus contratos con el chavismo en 2011. Los negocios que se ampliaron significativamente en 2015, cuando se convirtió en proveedor del cuestionado programa de alimentos subsidiados CLAP, por el cual se han comprado toneladas de comida de baja calidad con sobreprecio para venderla a los más pobres. 

En ese momento, se convirtió en el contratista más favorecido del chavismo con negocios de importación de medicinas, petróleo y carbón, venta de oro y construcción. 

Extensas investigaciones periodísticas lo señalan como el operador financiero de Maduro, y aseguran que actuó como bisagra en el reciente caso de intercambio de barriles de petróleo por maíz y cisternas de agua que investiga México. (El País)